Boletines de prensa

Organizaciones y Sociedad Civil solicitan a magistrados garanticen la protección y ejercicio de los Derechos Humanos violados ante la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior

El pasado miércoles 21 de marzo organizaciones civiles y personas a título individual hicieron entrega de una carta pública dirigida a los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Vigésimo Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quienes resolverán sobre la queja interpuesta para que sea admitido el recurso de Amparo contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) que fue desechado por el Juez de Distrito Mario Fernando Gallegos León.

En el documento entregado se apela a la garantía de amparo que tenemos todas las personas como parte del acceso a la justicia garantizado en la constitución mexicana, se da una lectura del contexto de militarización y los altos costos humanos que han señalado diversos organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, se advierten los riesgos de injerencia por ocupación militar a la soberanía de los ayuntamientos y entidades estatales y advierten sobre la grave vulneración a los derechos humanos de la población al permitir que las Fuerzas Armadas asuman tareas propias de los cuerpos civiles responsables de la seguridad pública.

La carta entregada va acompañada además de diversos testimonios de mujeres indígenas y campesinas, integrantes del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y Por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones, que dan cuenta sobre los impactos de la militarización en las comunidades y particularmente en la vida de las mujeres que han sido testigos de los efectos de las estrategias contrainsurgentes en Chiapas.

Con esta carta las organizaciones y personas apelamos a los integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito que tiene bajo su responsabilidad el estudio de la queja interpuesta para que considere los argumentos jurídicos amparados en las leyes nacionales así como los fundamentos que el Derecho Internacional dan cuenta de la inconstitucionalidad de la aprobación e implementación de la Ley de Seguridad Interior en México.

Hacemos un llamado a la población, organizaciones, comunidades y personas a que hagan llegar sus peticiones de exigencia a los Magistrados solicitando que cumplan con su deber constitucional e histórico de salvaguardar el estado de derecho y las garantías individuales y colectivas de las personas que nos amparamos ante la LSI.

A continuación el texto integro de la carta pública entregada a los Magistrados:

 

CARTA PÚBLICA

QUEJA NÚMERO: 91/2018

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas:

06 de marzo de 2018.

CC. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

VIGÉSIMO CIRCUITO.

P R E S E N T E S.

El día 8 de febrero del año en curso, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Vigésimo Circuito en el estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez desecho la demanda de Amparo interpuesta el 2 de febrero de 2018 por diversas organizaciones civiles y más de ochenta personas de San Cristóbal en lo individual. En el Amparo se indica como acto reclamado la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo, firma, publicación y ejecución del Decreto por el que se expide la LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, así como las porciones normativas establecidas en los artículos del 1 al 34 y los 5 transitorios de la citada Ley, publicada el 21 de diciembre de 2017, la que de acuerdo al Artículo Primero Transitorio, entró en vigor el 22 de diciembre de 2017.

Dentro de la demanda de amparo también reclamamos las consecuencias que se generan con la sola vigencia de la norma publicada e impugnada, desarrollando de manera pormenorizada y extensa en el apartado denominada PROCEDENCIA DE LA QUEJA CONSTITUCIONAL con las siguientes consideraciones en relación a la norma impugnada: i) La existencia de un parámetro de control de constitucionalidad y convencionalidad; ii) el interés legítimo que ostentamos; y iii) el carácter autoaplicativo de la ley impugnada.

El 2 de febrero el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas formó el expediente del juicio de amparo 127/2018 y en el mismo acuerdo resolvió desechar la demanda por improcedente, ya que a consideración del Juez Federal la norma impugnada (Ley de Seguridad Interior) es de carácter heteroaplicativo. Esto significa que sólo causará una vulneración a derechos humanos cuando se dé el primer acto de aplicación, por ejemplo cuando se emita una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior que permita a los militares realizar funciones que corresponden a las policías civiles, sin considerar que con la sola entrada en vigencia de la Ley el riesgo a nuestra seguridad jurídica es inminente por lo que el acto que vulnera derechos humanos es patente, al contravenir el marco nacional e internacional de protección a los derechos humanos. En consecuencia el Juez Federal debió admitirla DEMANDA DE AMPARO y garantizar a los quejosos se nos escuchará durante la tramitación del juicio de amparo para no dejarnos en estado de indefensión.

Ante esta situación, las organizaciones y personas quejosas manifestamos lo siguiente:

1.- La actitud del Juez de Distrito al inobservar las reglas del momento procesal, nos priva de la garantía del amparo como oportunidad de defensa dentro del proceso de control constitucional, negándonos el acceso a la justicia federal como medio de protección ante la legitimación y normalización de la permanente militarización del país a través de la Ley de Seguridad Interior.

Cabe recordar que a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, se implementó la llamada estrategia de “guerra contra el crimen organizado” que normaliza el despliegue de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad interior (pública), lo que ha dejado un saldo de más de 40 mil ejecuciones, de las cuales 15, 273 ocurrieron en 2010, entre los ejecutados se encuentran más de 900 niños. En el mismo sentido, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos dijo en 2012 que 150 mil mexicanos habían sido asesinados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que han sido asesinadas 186 mil 297 personas durante el periodo de diciembre de 2006 a diciembre del 2015. En el gobierno de Calderón se contabilizaron 122 mil 462 asesinatos1.

Los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto suman en conjunto 234 mil 996 homicidios dolosos hasta octubre de 20172. Cifras que rebasaron las ocurridas en la guerra de Irak que en 2003 reportaban 15 mil muertos.

2.- Nos preocupa que el Juez obvie su responsabilidad constitucional y a la par contribuya, con su actuar, a la militarización del país, vulnerando de esta manera los derechos humanos de quienes habitamos en el territorio nacional.

Es de conocimiento público que la política militarista implementada por los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lejos de resolver el problema del narco tráfico ha profundizado la violencia hacia la población civil: notable aumento de quejas formales en contra de SEDENA, de 182 quejas recibidas en 2006 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pasó a 367 quejas en 2007 y 1,230 en 2008. La CNDH recibió en 2006, 369 quejas por detenciones y retenciones arbitrarias, en 2008 fueron 1,162 y en 2011, fueron 2,456. Por tratos crueles y/o degradantes paso de recibir 330 en 2006 a 1,642 en 2012. Asimismo las quejas por incumplir con alguna formalidad en los cateos y visitas domiciliarias aumentaron de 234en 2006 a poco más de mil en 20083.

3.- La crisis de seguridad en México, en el marcodel combate frontal al narcotráfico, también seha traducido en violaciones graves a derechos humanos: desaparición forzada de personas, desplazamiento forzado de comunidades, violaciones sexuales, miles de feminicidios, tortura y detenciones ilegales (HRW,2011, 2013; Anaya, 2014; Atuesta, 2014; CMDPDH, 2015; Amnistía Internacional, 2015a, 2015b; Open Society, 2016). Abuso de fuerza y ejecuciones extrajudiciales según la letalidad de las fuerzas federales (Pérez-Correa, Silva y Gutiérrez, 2011, 2015). Saturación del sistema de justicia penal, debilitamiento del debido proceso y sobreutilización del sistema penitenciario (TNI y WOLA, 2011; Guerrero, 2014; Pérez-Correa y Meneses, 2014; Drucker, 2014; CELS, 2015). Situación que ha implicado que diversos organismos internacionales hayan emitido recomendaciones específicas al gobierno mexicano por la vulneración a los derechos a la libertad personal, la integridad personal y a la vida entre otros.

4.- Para nosotras la Ley de Seguridad Interior representa un ataque al federalismo y a la democracia liberal, por cuanto abre la puerta para que el gobierno federal pueda enviar a las fuerzas armadas a los estados sin solicitud del gobernador o de los Congresos locales, bajo la justificante de atender cuestiones de seguridad pública, las que no corresponden al ejército. Esto es peligroso para un país en donde la democracia fue fruto de una revolución que posibilitó la transformación del centralismo hacia una república conformada por estados libres y soberanos, que decidieron por voluntad propia, integrar una sola nación, en el que el pueblo se encuentra representado a través de los integrantes de los Congresos Locales y el Congreso de la Unión, que como servidores públicos tienen la obligación de garantizar el máximo de protección para el ejercicio de nuestros derechos. (dentro del marco de la democracia liberal vigente).

5.- Nos preocupa enormemente que bajo el argumento de existir un riesgo para la seguridad interior, se use a las fuerzas armadas para reprimir a movimientos sociales o bien para proteger intereses oficiales y de inversión privada en territorios ocupados por pueblos originarios, lo que implica garantizar el control directo sobre poblaciones, territorios, recursos naturales y puntos geográficos estratégicos, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).

6.- En Chiapas existe una larga experiencia sobre los efectos de la militarización en las comunidades indígenas y de cómo la presencia del ejército transforma la vida cotidiana, sobre todo la de mujeres, niñas y niños. Por ejemplo agresiones sexuales, desapariciones forzadas o feminicidios, además de la conocida cultura de cuartel (prostitución, drogadicción, pornografía, etc). En ese orden de ideas, el caso Hermanas González Pérez, sigue pendiente de resolución a pesar de existir una Recomendación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2001.

7.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen el deber constitucional y convencional de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de quienes habitamos este país y en específico Chiapas.

Por lo que apelamos de Ustedes Magistrados en su calidad de garantes de la constitucionalidad:

  1. Que se nos garantice el derecho de acceso a la justicia, para ser oídas con los argumentos jurídicos que hemos esgrimido en la Demanda de Amparo.

  2. Tutelen la vigencia de la democracia y el federalismo, principios rectores del Estado Mexicano, sobre los que el Presidente de la República debe guardar el máximo respeto para que el estado de derecho prevalezca sobre intereses mezquinos y apátridas.

  3. Que retomando su protesta de guarda a la Constitución y a las Leyes que de ella emanan, restablezcan la legalidad en nuestra nación y se protejan los derechos humanos tanto individuales como colectivos.

  4. Que hagan prevalecer el principio de inviolabilidad de la Constitución y en esta coyuntura de crisis retomen su deber histórico de salvaguarda de nuestra Carta Magna.

También anexamos testimonios sobre los impactos de la militarización en la vida de las mujeres.

Respetuosamente,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Melel Xojobal AC; Foro para el Desarrollo Sustentable, Asociación Civil; Otros Mundos, Asociación Civil; Mujeres Libres Colem AC; José Encinos Gómez, Magaly Domínguez López, Joselito Solís Hernández, Sandra Guadalupe Rosales Cruz, Benito Hernández González, Jorge Paulo Villalobos Villalobos, Tania Berenice Tapia González, Lizzet Guadalupe López Guillen, Sandra Bravo Becerra, Rosalba Guadalupe Hidalgo Aguilar, Ernestina Pérez Díaz, Paulina Santis Gómez, Martha Pérez Hernández, Ingrid Jessica Díaz Domínguez, Miguel Pérez Santis, Antonia Girón Luna, Nicolás Pérez Méndez, María Elisa López Gómez, Ismael Ezequiel Pérez López, María Magdalena Gómez Enzin, Candelaria Gómez Enzin, Marín Roblero Morales, Erika del Rosario Gómez Sánchez, Susana Montes Cruz, Esperanza López de la Cruz, Lázaro Valentín Martínez Jiménez, Miguel Alberto Hidalgo Díaz, Mariano Pérez Hernández, Pascuala Cruz Gómez, Albertina Ruiz Gordillo, José Roberto Morales Rodríguez, Margarita Gutiérrez Vizcaíno, Humberto Santis Gómez, Andrés López Gómez, Perla Marietta Vázquez Montejo, Hugo Reynaldo Sánchez López, Ranulfo Ruíz Pérez, María Hernández Santis, Rodolfo de Jesús Franco Calzada, Leticia Mariana Franco Cruz, Rafael Alejandro Liévano Moguel, Elizabeth del Carmen Suarez Díaz, Mathilde Florencia Bautista Robelo, María Isabel Pérez Enrique, Norvelia Guadalupe Solís Vázquez, Lucero Asunción Suarez Díaz, Francisco Javier Cruz Oseguera, Martin López López, Silvia Pérez Gándara, Julián Jaime Suarez Díaz, Porfiria Díaz Bermúdez, Elisa Cabrera Miranda, Pablo Sergio Salinas Pérez, Miguel Ángel López Martínez, Ana Cristina Vázquez Carpizo, Jennifer Haza Gutiérrez, Norma Francisca Vargas Macossay, Mercedes de la Luz Osuna Salazar, Mauricio Arellano Nucamendi, Claudia Ramos Guillen, Perla Orquídea Lugo Fragoso, Marcela Fernández Camacho, Nayeli Viridiana Hernández Díaz, Laura Elizabeth Díaz Gómez, Addy de Servanda Pérez Sánchez, María Georgina Rivas Bocanegra, Ixchel Carolina Anaya Zamora, Canuto Pérez Jiménez, Rosario Adriana Alcázar, María Guadalupe de la Cruz Cruz, María Pablo Calmo, Claudia Vázquez Cruz, Dora Julieta Hernández Gómez, Esther Vázquez Peñate, Norma de Jesús Gómez Pérez, María Concepción López Silva, Mercedes Olivera Bustamante, Carmelina Meneses Álvaro, Terry Carol Spitzer Schwartz, Lourdes Gutiérrez Zúñiga.”

1 http://mientrastantoenmexico.mx/186-mil-muertos-saldo-la-guerra-narcotrafico/

2 https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/23/pena-y-calderon-suman-234-mil-muertos-y-2017-es-oficialmente-el-ano-mas-violento-en-la-historia-reciente-de-mexico_a_23285694/

3 Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Dirección General de Investigación Estratégica, Temas Estratégicos 39, Segunda Quincena, Enero 2017, p. 2.

Descarga aquí la carta pública y los testimonios entregados a los Magistrados

Descarga aquí el Amparo promovido contra la Ley de Seguridad Interior

Descarga aquí el recurso de queja promovido ante la negativa del Amparo vs LSI

 

 

Etiquetas: Chiapas, Ley de Seguridad Interior

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