Boletín de prensa No. 006

Ley de Seguridad Interior, continuidad de la guerra en México

• Su aprobación representa un riesgoso impulso a la estrategia contrainsurgente en Chiapas.
• Mujeres, niñas, niños y personas adultas representan el saldo más trágico de la fallida estrategia militar.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 05 de diciembre de 2017 / En el marco de la discusión que se debate en el Senado de la República sobre la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México, este Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) se une al rechazo unánime que diversos organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos advierten sobre los graves costos, el riesgo para la paz pública y la gradual pérdida de soberanía del país al militarizar el territorio nacional.

Este grave retroceso, lejos de representar una propuesta viable para restablecer las condiciones de seguridad de la ciudadanía es la antesala de escenarios de mayor polarización y violencia en los espacios públicos tal como lo hemos visto en los sitios que son ocupados e intervenidos por las fuerzas armadas y militares en las últimas décadas, de manera particular tenemos presente episodios como la guerra sucia en Guerrero, la guerra contrainsurgente en Chiapas y la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en todo el país.

De manera particular en Chiapas señalamos que hace 23 años, desde 1994, somos testigos de los altos costos que implica vivir en un contexto de conflicto armado interno no resuelto; desde entonces la ocupación militar ha dejado por saldo a miles de personas que han sido desplazadas y despojadas forzadamente de sus territorios, por cientos el número de personas detenidas, desaparecidas, ejecutadas, asesinadas y torturadas, y de manera incontable los casos de violación, abuso sexual, hostigamiento y violencia física hacia mujeres, niñas, niños y personas adultas que padecen las vejaciones de las fuerzas armadas en nuestro estado.

• En la memoria abierta están diversos casos de mujeres, víctimas de la ocupación militar en Chiapas, tal como el Caso de las hermanas tseltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez quienes el 4 de junio de 1994 en Altamirano, Chiapas, fueron privadas de su libertad en un retén, trasladadas al cuartel militar para forzarlas a declarar su pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y violarlas sexualmente, el caso continúa en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y señala como responsable de los hechos al Estado Mexicano por la participación corroborada de los efectivos militares.

• De igual forma el caso de Minerva Guadalupe Pérez Torres quien fue detenida el 20 de junio de 1996 en el poblado Miguel Alemán, Municipio de Tila, por un grupo de personas pertenecientes al grupo paramilitar Paz y Justicia, mismos que secuestraron, golpearon, violaron sexualmente para finalmente desaparecer su cuerpo torturado; actualmente el proceso de acusación contra el Ejército Mexicano y los grupos civiles armados sigue en curso al ser los principales protagonistas de la estrategia contrainsurgente en la zona norte de Chiapas.

• Y el capítulo pendiente de verdad y justicia para las 34 mujeres que fueron asesinadas en la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997, en el Municipio de Chenalhó, perpetrada por grupos paramilitares que fueron entrenados y encubiertos por agentes policiacos y del Ejército Mexicano en la llamada zona gris de operaciones tal como se describe en el Plan de Campaña Chiapas 94 diseñado desde las estructuras militares.

Estos y otros tantos casos más como el de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, y el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ambos hechos ocurridos en Guerrero, ilustran hoy las denuncias contra graves y flagrantes violaciones a Derechos Humanos perpetradas por las fuerzas armadas y el Ejército Mexicano que están en proceso ante instancias internacionales de Derechos Humanos.

Por lo tanto, nos sumamos al reclamo de #SeguridadSinGuerra que hace un llamado urgente para NO aprobar la Ley de Seguridad Interior que legalizaría la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles, situación que agravaría las condiciones de militarización del país, dejando las tareas de seguridad pública en manos de militares y no de instituciones civiles como lo indica la carta magna.

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1.- Ver “Caso Hermanas González Pérez” en Casos Paradigmáticos en: http://cmdpdh.org/casos-paradigmaticos-2-2/casos-defendidos/caso-hermanas-gonzalez-perez-2/
2.- Ver boletín de prensa “Estado mexicano incumple derecho a la verdad” en: https://frayba.org.mx/estado-mexicano-incumple-derecho-a-la-verdad/
3.- Ver apartado sobre “La masacre de Acteal” en: http://acteal.blogspot.mx/p/la-masacre-de-acteal.html
4.- Ver página de la Campaña “Seguridad Sin Guerra” en: https://www.seguridadsinguerra.org/

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 3 de octubre de 2017

Pronunciamiento

• Las organizaciones de sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos repudiamos la intimidación en contra de la Sra. Guadalupe Núñez, Concejala del Concejo Indígena de Gobierno en la Costa de Chiapas cuyo domicilio fue allanado la madrugada del 02 de octubre.

• Exigimos un alto al hostigamiento, amenazas y otras formas de violencia contra defensoras y defensores de Derechos Humanos que han venido participando en tareas de apoyo y reconstrucción en las comunidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

De acuerdo a información difundida por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en el municipio de Tonalá, Chiapas, el día 02 de Octubre, aproximadamente a las 4:00 AM personas desconocidas allanaron el domicilio particular de la Sra. Guadalupe Núñez Salazar, ubicado en la Calle 1º de Mayo núm. 73 de la Colonia Evolución en la ciudad de Tonalá y sustrajeron un celular, una televisión, y su cartera que contenía la cantidad de $1500.00 así como sus credenciales personales. La denuncia señala que las puertas y chapas de la casa no fueron forzadas y que los sujetos ingresaron por la parte trasera de la casa.

Este hecho sucede en medio de las acciones de apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto del 07 de Septiembre que consisten en entrega de Ayuda Humanitaria y reconstrucción de viviendas y del proceso del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena en Chiapas en el que la Sra. Guadalupe ha tenido una participación importante en la región costa con los pueblos y comunidades.

Las organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestra solidaridad con la compañera Guadalupe y nos declaramos en alerta ante cualquier situación que pueda acontecer durante los días subsecuentes, ya que estos actos de intimidación y hostigamiento representan un riesgo inminente para la vida e integridad física de la defensora de los Derechos Humanos y su familia, así como de los integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, del Frente Cívico Tonalteco y el Concejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas.

Asimismo exigimos al Estado Mexicano y al Gobierno de Chiapas que encabeza Manuel Velasco Coello:

• Adopten las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad e integridad de todas las personas defensoras y defensores de Derechos Humanos que han venido participando en tareas de apoyo y reconstrucción en las comunidades afectadas por el sismo.

• Ponga fin a todo acto de amenaza, intimidación, hostigamiento en contra de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en México y en especial de la Sra. Guadalupe Núñez, Concejala del Concejo Indígena de Gobierno en la Costa de Chiapas.

• Investigue y castigue a los responsables del allanamiento y robo en el domicilio de la Sra. Guadalupe Núñez y garantice su integridad física y su vida así como la de su familia ante cualquier situación presente o futura.

• Atiendan de manera puntual a las y los damnificados de la región costa de Chiapas y garanticen los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales -FONDEN- para la reconstrucción de las viviendas dañadas por el sismo.

Atentamente,

Organizaciones:
Melel Xojobal A.C., Cepazdh A.C., Tierra Roja Cuxtitali A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Centro de Derechos de la Mujer Chiapas A.C. (CDMCh), Promedios, Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K´inal Antsetik, KINOKI Foro Cultural Independiente, Transforma Chiapas A.C., Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C., Proyecto Impacto Consultores A.C., Nuevos Códices Compatía A.C., Formación y Capacitación A.C. (FOCA), Mujeres Libres COLEM, A.C. Voces Mesoamericanas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FRAYBA), Semilla del Sur.

Personas:
Ana Cristina Vázquez Carpizo
Alejandro Montaño Barbosa
Alma Delia Urbina Sánchez
Kathia Loyzaga Dávila-Madrid
Sophie Weber

Acción Urgente del CDH Digna Ochoa disponible en: http://bit.ly/2fRLBrL

 

Actualización a la Acción Urgente No. 001

• Denuncian incumplimiento de acuerdos firmados por autoridades estatales.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas; a 02 de mayo de 2017 / El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC (CDMCH) recibió información corroborada que, el pasado 01 de Mayo, cinco mujeres reanudaron huelga de hambre con carácter indefinido, en protesta civil y pacífica, ante el incumplimiento de acuerdos que fueron firmados el pasado 12 de abril del presente año por Juan Carlos Gómez Aranda, actual Secretario General de Gobierno de Chiapas.

Las 5 personas que están en huelga de hambre son: Emma Escobar López, María Cielo Gramajo Cundapí, Nelly Ivonne Castillo Escobar, Gabriela Mallanín López, enfermeras adscritas al sector salud y Elizabeth Hernández Pereira integrante de la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales y del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas; mismas que en el reinicio de esta jornada de protestas anunciaron que cada 48 horas se sumarán dos personas más al plantón y huelga de hambre que mantienen a las afueras del Hospital de la Mujer “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Los acuerdos que fueron firmados el pasado 12 de abril por el gobierno de Chiapas en garantía para suspender la huelga de hambre que mantuvieron 9 enfermeras durante 11 días fueron: 1) La instalación del Comité de Monitoreo y Seguimiento de Existencia de Medicamentos e Insumos; 2) Pago de los adeudos económicos en prestaciones y retenciones del SAR, FOVISSTE, aseguradoras, pagos a terceros y pagos de pasivos del personal eventual correspondiente al ejercicio 2015, pago/devolución del descuento en excedente en el cobro del ISR de manera anual; 3) Reinstalación y regularización contractual de los trabajadores que fueron despedidos de forma injustificada; 4) Cese al hostigamiento y represión laboral, administrativa y jurídica a las personas que participan en las protestas del sector salud; 5) Reinstalación de trabajadora del sector salud y fin del juicio laboral seguido en su contra; 6) Disculpa pública del Gobierno del Estado por los hechos que dieron origen a la huelga de hambre; 7) Atención médica especializada y jurídica necesaria a las enfermeras que participaron en la huelga de hambre; 8) Reconocimiento al Comité de Lucha y apertura de ventanilla para la atención de demandas.

Sin embargo, según testimonio de las trabajadoras, el gobierno de Chiapas no ha cumplido con los puntos vitales del acuerdo contraído como: el abastecimiento de medicamentos a las unidades médicas en las regiones, el pago de adeudos a personal del sector salud, seguimiento a la mesa de diálogo y Comité de Seguimiento por parte de autoridades estatales para el cumplimiento de la minuta firmada.

Por tal motivo y ante el riesgo inminente en que se encuentra la vida e integridad física, emocional y psicológica de las personas en huelga de hambre, este Centro exige nuevamente a las autoridades competentes:

1.- Se cumplan de inmediato con los acuerdos firmados por autoridades del gobierno estatal, en torno al abastecimiento de medicamentos y el pago de adeudos, toda vez que se han vencido los plazos que establecieron de manera formal en minuta de acuerdo para hacer valer  derechos que ha sido violados.
2.- Se garantice la vida, integridad y seguridad personal de trabajadores de la salud y personas solidarias que participan en las acciones civiles y pacificas de protesta en las distintas unidades hospitalarias de Chiapas.
3.- Se cumpla con las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres en Chiapas, en el tema de atención a la salud y violencia contra las mujeres así como garantizar el acceso a la salud de las mujeres, jóvenes y niñas de esta entidad.

Antecedentes:
El pasado 22 de enero de 2017 personal adscrito a distintas unidades médicas inició un plantón indefinido a las afueras del Hospital de la Mujer “Rafael Pascacio Gamboa” en Tuxtla Gutiérrez en demanda de atender peticiones añejas del sector salud; el 3 de abril, 5 enfermeras iniciaron una huelga de hambre indefinida para demandar atención urgente de las autoridades estatales y federales del Sector Salud mismo que se levantó el pasado 12 de abril al firmar la minuta de acuerdos con el gobierno estatal.

Según datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) hay irregularidades detectadas en la ejecución de fondos destinados en materia de salud al gobierno de Chiapas por un total de 764 millones 408 mil 550 pesos correspondientes al ejercicio 2015, la dependencia estatal tiene hasta el 12 de abril de este año, para contestar las observaciones de la ASF ya que para este año se han solicitado nuevas inspecciones.

Por lo anterior, pedimos envíen sus llamamientos a:

Lic. Presidente Enrique Peña Nieto
Presidente de México
Residencia Oficial de los Pinos,
Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, Ciudad de México;
Fax: (+52) 55 5093 4901;
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Twitter: @PresidenciaMX @EPN

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06600, México;
Fax: (+52) 55 5093 34 14;
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Twitter: @osoriochong

Dr. José Narro Robles
Secretario de Salud
Lieja 7 Del. Cuauhtémoc,
Col. Juárez, Ciudad de México. C.P. 06600
Teléfono: 50054000
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Twitter: @JoseNarroR
Facebook: facebook.com/Jose-Narro-Robles

Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Edificio “Héctor Fix Zamudio”,
Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,
Col. Tlacopac San Angel,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040;
Ciudad de México;
Fax: (+52) 0155 36 68 07 67;
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Twitter: @CNDH

Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas,
1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056;
Extensión 21120. 21122;
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Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno
Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
Twitter: @JCGomezAranda

Dr. Francisco Ortega Farrera
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud
Unidad Administrativa, Edificio “C”, Maya C.P. 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 89250 Teléfono: 61 89250 Fax: 61 37688
Conmutador: (01961) 61 89250, Ext. 44002 Teléfono: 61 89251
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Favor de enviar copia a:

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH)
Calle Privada Cuatro Caminos No. 11, Col San Martín
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, CP: 29247
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San Cristóbal de las Casas, Chiapas; a 06 de abril de 2017

Acción Urgente No. 001

Enfermeras en huelga de hambre en Chiapas

•    En riesgo la vida y la integridad de trabajadoras del Sector Salud que demandan atención urgente de las autoridades.
•    Ante falta de respuestas, cada 48 horas se suma una enfermera más a la huelga de hambre indefinida.

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) recibió información de que el pasado 22 de enero de 2017 personal adscrito a distintas unidades médicas inició un plantón indefinido a las afueras del Hospital de la Mujer “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para exigir respeto a derechos laborales del gremio y denunciar el probable desvío de recursos de la Secretaría de Salud del estado que agrava las condiciones de atención que ofrece el sistema de salud en Chiapas: Falta de abastecimiento de medicamentos y materiales de cirugía; instrumentos funcionales en hospitales y centros de salud.

En represalia a la protesta el 23 de febrero fueron cesados Julio Cesar Cruz Mayorga y Rubén Castillejos Álvarez por su participación activa en las protestas. Más adelante, el 22 de marzo 14 trabajadores (diez mujeres y 4 hombres) de distintas unidades médicas fueron despedidas al haber hecho públicas las condiciones deplorables en que SE prestan los servicios de salud en distintas regiones del estado.

Ante la falta de respuesta, el pasado 3 de abril, 5 enfermeras iniciaron una huelga de hambre indefinida para demandar atención urgente de las autoridades estatales y federales del Sector Salud a los temas de reinstalación, sin condicionamiento, de las y los trabajadores cesados, pago de quincenas atrasadas, pago de fondos del Fovissste y Pensionissste, aporte al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), atención urgente a las condiciones de desabasto de medicamentos, falta de equipo y material adecuado para la atención y abandono de distintas instalaciones médicas en Chiapas, esto último como resultado del proceso de privatización de salud en México.

Datos documentados por este Centro de Derechos de la Mujer, confirman que hasta el día de hoy mantienen la huelga de hambre 6 mujeres del personal de enfermería cuyos nombres son: Maria Cielo Gramajo Cundapí, María de Jesús Espinoza de los Santos, Nelli Ivonne Castillo Escobar, María Isidro Orozco Sánchez, Verónica Zenteno Pérez y Sandra Lidia Arellano Zenteno, quienes ya presentan síntomas de crisis hipertensiva, hipotensión, diarrea y bradicardia. Anunciando que cada 48 horas se sumará una persona más a la protesta.

Según datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) hay irregularidades detectadas en la ejecución de fondos destinados en materia de salud al gobierno de Chiapas por un total de 764 millones 408 mil 550 pesos correspondientes al ejercicio 2015, la dependencia estatal tiene hasta el 12 de abril de este año, para contestar las observaciones de la ASF ya que para este año se han solicitado nuevas inspecciones.

Dado que se atenta contra el Derecho a la Vida, Libertad y Seguridad de la Persona; el Derecho al trabajo; Derecho a la Salud; Acceso a la Justicia; Derecho a una vida libre de Violencia; el Derecho a la protesta; y ante el riesgo inminente en que se encuentra la vida e integridad física, emocional y psicológica de las enfermeras en huelga de hambre, este Centro exige a las autoridades competentes:

1.- Se brinde la atención médica urgente e integral de las personas que mantienen la huelga de hambre como medida de protesta para exigir sus derechos violados.

2.- Se garantice la vida, integridad y seguridad personal del personal médico y trabajadores de la salud que participan en las acciones civiles y pacificas de protesta en las distintas unidades hospitalarias de Chiapas.

3.- Se atiendan las demandas de reinstalación inmediata del personal cesado sin condicionamiento alguno y pago de los recursos desviados del SAR, ISR, Fovissste, seguros de vida y pensiones alimenticias.

4.- Se realice el abastecimiento inmediato y total de medicamentos, material, equipo e instrumentos a las unidades médicas y hospitales de las distintas regiones de Chiapas. Para garantizar el acceso a la salud de las mujeres, jóvenes y niñas de esta entidad.

5.- Cumplan con las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en el tema de atención a la salud y violencia contra las mujeres urbanas y rurales de Chiapas.

Por lo anterior, pedimos envíen sus llamamientos a:
Lic. Presidente Enrique Peña Nieto
Presidente de México
Residencia Oficial de los Pinos,
Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, Ciudad de México;
Fax: (+52) 55 5093 4901;
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Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
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Dr. José Narro Robles
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Lieja 7 Del. Cuauhtémoc,
Col. Juárez, Ciudad de México. C.P. 06600
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Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Edificio “Héctor Fix Zamudio”,
Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,
Col. Tlacopac San Angel,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040;
Ciudad de México;
Fax: (+52) 0155 36 68 07 67;
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Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas,
1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056;
Extensión 21120. 21122;
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Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno
Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003

Dr. Francisco Ortega Farrera
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud
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San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 14 de febrero de 2017
Boletín de prensa No. 003

Centenario de exclusión del derecho a la tenencia de la tierra para las mujeres

• Exclusión histórica de las mujeres a la tenencia familiar de la tierra para la defensa del territorio como propiedad social

La exclusión de las mujeres de la tenencia de la tierra es histórica, basada en la división sexual del trabajo, y reproducida social, cultural y jurídicamente. Esto último, en el Estado Liberal ha sido avalado a través de leyes y normas resultado de un proceso legislativo.

En México, la Constitución de 1917, las reformas agrarias y las recientes reformas estructurales como la energética, al omitir considerar la especial situación de las mujeres y profundizar la desigualdad,  han violado y perpetuado de manera reiterada el derecho a la tierra y el territorio de las mujeres campesinas e indígenas.

Es importante recordar que desde sus orígenes la propiedad social se estableció como colectiva, siendo los sujetos de derecho agrario los pueblos y comunidades, “…la tierra y los bienes ejidales eran considerados patrimonio familiar”  no obstante, el patriarcado inculturado caracterizó prácticas oficiales que privilegiaron a los hombres para que se agenciaran de ese derecho bajo el argumento de ser los jefes de familia.

Esta visión sesgada se formalizó en 1920 en la Ley de Ejidos cuando el derecho a solicitar tierras ejidales fue atribuido al jefe de familia. Un año más tarde, por añadidura, la Circular número 48 de la Comisión Nacional Agraria, confirmó su carácter discriminador al señalar que las mujeres solteras o viudas con familia a cargo que atender serían consideradas también como jefes de familia (sic), reforzando estereotipos que asignan a las mujeres la responsabilidad de cuidado y protección de la familia.

En 1927 en la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas se incluye a las mujeres como beneficiarias de la dotación de tierras pero condicionadas a su situación de soltería o viudez con familia a cargo, en tanto que para los hombres el requisito de ser jefe de familia se amplía a ser mayores de edad sin importar el estado civil; norma que en 1934 nuevamente favorece a los hombres como titulares cuando es aceptada su solicitud de tierras desde los 16 años para los solteros y de cualquier edad para los casados. Consideración que se mantuvo en la Ley de Reforma Agraria durante los años setentas hasta la contrarreforma agraria.

En 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 27 de la Constitución Federal, que puso fin al reparto agrario y creó un marco legal para privatizar la propiedad social, borrando las limitaciones que el ejidatario tenía para el uso de la parcela en función de la sociedad, del núcleo campesino y de su familia; además favoreció la titulación individual masculina en ejidos y comunidades a través del programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) enmarcado en la nueva Ley Agraria lo que profundizó la exclusión de las mujeres de los planes y programas de reparto agrario, así como también la eliminación de la posibilidad de acceder a la tenencia de la tierra vía dotación o restitución; dejándoles como única opción la de adquirir derechos por sucesión, por compra o por reconocimiento de la Asamblea.

En ese sentido las distintas etapas en que se han hecho reformas a la Constitución, y en particular al tema agrario, han perpetuado la discriminación hacia las mujeres, al establecer requisitos diferenciados para ejercer plenamente el derecho a la tierra y el territorio en igualdad de condiciones.

La desigualdad histórica que las mujeres han enfrentado para reconocerles derecho al patrimonio de bienes comunes, como la propiedad social de la tierra y el territorio, se contrapone incluso a la reciente armonización de la Constitución en materia de derechos humanos al omitir lo pactado en tratados y convenios internacionales ratificados como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que exige a los Estados garantizar el derecho de la mujer a recibir igual trato en las reformas de tierra y reformas agrarias (Artículo 14.2 (g)) y al derecho de igualdad de los cónyuges en cuanto a la posesión y administración de la propiedad (Artículo 16.2 (g)). En el caso de los pueblos indígenas, los derechos de igualdad de la mujer al goce de condiciones de vida adecuadas (Artículo 14.2 (h)), podría interpretarse de manera que incluye la protección del derecho a los recursos naturales.

A cien años de la Constitución de 1917, que fue considerada como el primer documento que reconoció derechos sociales, las mujeres campesinas e indígenas siguen invisibilizadas. Las políticas agrarias las ignoraron y les negaron derechos, al no contemplar las relaciones desiguales de poder existentes en el campo, limitando el ejercicio de sus derechos como ciudadanas hasta el día de hoy.

Desde distintas plataformas, organizaciones y pueblos en lucha se ha defendido el ejercicio de derechos en igualdad de clase, género y etnia, siendo uno de ellos el Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en la Toma de Decisiones, en donde pueblos, organizaciones y comunidades defienden la urgente necesidad de que se reconozca la tenencia familiar de la tierra para la defensa integral y articulada del territorio como propiedad social.

Esta propuesta es vigente y actual ante los embates que se avecinan tras la reforma energética cuyos efectos a los Artículos 27 y 28 constitucionales obligaron modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera, Ley de Asociaciones Público Privadas y la Ley de Hidrocarburos que define a la industria de hidrocarburos de utilidad pública, pretexto por el cual el Estado puede determinar la ocupación o afectación superficial de los terrenos y que las actividades de exploración y explotación tienen preferencia sobre cualquier otra actividad, como la agropecuaria, al igual que la actividad minera, incluso si los propietarios no llegan a un acuerdo con la empresa extractiva el Estado podría expropiar los terrenos o superficie necesaria.

Descarga el documento en PDF aquí

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Palenque, Chiapas, México.
A 13 de noviembre de 2017.

Once años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

Al pueblo en general
A los gobernantes de este país México
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A la Comisión Estatal de los Derechos humanos de paga
A los Organismos internacionales de Derechos Humanos y Derechos Indígenas
A los medios de comunicación de paga
A los Centros de Derechos humanos libres de opinión
A la prensa con libertad de expresión.
A las Organizaciones No gubernamentales en pie de lucha por la injusticia y del Despojo de los derechos Indígenas, la vida humana y el patrimonio.

HERMANAS Y HERMANOS:

La Organización Xi’nich’, que formamos los pueblos Ch’oles, Tseltales y Zoques, de la Selva de Chiapas, nos pronunciamos una vez más, exigiendo justicia por el XI aniversario de la Masacre del Pueblo Ch’ol de la comunidad Dr. Manuel Velasco Suárez, Municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, conocido como Viejo Velasco, hechos cometidos el día 13 de noviembre del año 2006.

NI PERDON NI OLVIDO

Sabemos que ante la próxima contienda electoral, los corruptos de arriba estarán ocupados en sus negocios, tranzas, lucha por huesos y mentiras, pero nosotros como organización Xi’nich’, nos ocupamos de nuestros vivos y de nuestros muertos, de nuestros desaparecidos, nos ocupamos del cuidado de la Madre Tierra y del buen vivir, para que haya vida digna para los pueblos indígenas y para todo el pueblo mexicano.

Nuestras exigencias y nuestras luchas, son las justas luchas de todos los pueblos originarios.

Ante 11 años de cínica negligencia y encubrimiento por parte del Estado mexicano y del gobierno chiapaneco, de la indignante masacre que sufrieron las familias de Viejo Velasco, como Xi’nich’ y organizaciones adherentes, seguimos y seguiremos exigiendo justicia por la memoria de nuestros hermanos y hermanas, masacrados, secuestrados y desaparecidos. A nuestras exigencias el Estado ha tenido oídos sordos, y burlándose nos contesta con órdenes de aprehensión y más injusticia en nuestra contra.

Qué no se olvide que fue el Estado mexicano y el gobierno de Chiapas, quienes el 13 de noviembre de 2006 en la madrugada, ellos mandaron 40 personas indígenas vestidas de civil, provenientes de la vecina comunidad Nueva Palestina, de la llamada Comunidad Lacandona, acompañadas por cerca de 300 integrantes de la Policía Sectorial, coordinadas por Gabriel Montoya Oceguera, entonces Delegado de Gobierno de la Selva.

Portando armas de fuego de alto poder, atacaron violentamente a 38 familias indígenas tseltales, tsotsiles y ch’oles que vivían en la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Todos los agresores rodearon la comunidad, disparando a mansalva y allanando las casas, cometiendo 4 ejecuciones extrajudiciales, 1 detención ilegal con actos de tortura, 4 desapariciones forzadas y el desalojo y desplazamiento forzoso de 20 hombres, 8 mujeres, 5 niños y 3 niñas, quienes huyeron a la montaña para sobrevivir al ataque.

Hoy volvemos a recordar a Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González (quien se encontraba embarazada) y Vicente Pérez Díaz, compañeros y compañera que fueron ejecutadas extrajudicialmente el día de los hechos. Además en noviembre de 2011, fueron entregados a sus familiares, los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, encontrados semienterrados en el monte cercano. Por su parte, Petrona Núñez González, joven discapacitada al momento de la agresión, falleció en el 2010 debido a la detención ilegal, tortura física y psicológica y tortura sexual, que sufrió el día de los hechos por parte de los agresores. Por su parte, Mariano Pérez Guzmán y Antonio Péñate López, ancianos de más de 60 años, hasta el día de hoy siguen desaparecidos.

El motivo de este brutal ataque y masacre, fue el de sembrar el terror para que las familias habitantes de la comunidad Viejo Velasco, desalojaran sus tierras, a causa del injusto conflicto agrario regional en la Selva Lacandona mismo que, por política de Estado y bajo falsos pretextos ecológicos en realidad se convirtió en un proceso de despojo territorial, con reubicaciones forzosas y desalojos violentos de más de treinta poblados indígenas tseltales, tsotsiles choles y tojolabales, ubicados en la zona, para realizar negocios verdes con nuestra Madre Tierra.

Una vez más exigimos, pues, justicia; los familiares de los muertos y sobrevivientes de Viejo Velasco, pues todos los familiares, compañeras y compañeros de la Xinich, así como todo el pueblo mexicano y de Chiapas, tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.

Este crimen de lesa humanidad no debe quedar impune. Debe saberse toda la verdad y castigar con todo el rigor de la ley a los autores intelectuales y materiales de esta brutal masascre.

Por último saludamos la visita a Chiapas de la Sra. Victoria Taulli-Corpuz, Relatora Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organizaciones de las Naciones Unidas, la cual se encontrará con una parte de los Pueblos que desde hace más de 500 años, hemos resistido el embate del sistema capitalismo muerte, y le daremos a conocer las graves violaciones a los derecho humanos cometidos por el Estado mexicano, como han sido la Masacre de Viejo Velasco, así también le hablaremos de nuestros caminar en la construcción de alternativas de vida con respeto pleno a nuestra autonomía, madre tierra, cultura e identidad.

Contra la impunidad y el no olvido.
Nunca más un México sin nosotros.

Organización Xinich’ - Misión Santísima Trinidad

Se adhieren y suscriben este Comunicado (por orden alfabético) ( a las 21 hrs del 12 nov, aun sin cerrar)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A. C. (CDMCh)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC (Frayba)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
Colectivo de Mujeres Zoques de Chiapas A.C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A. C. (CEPAZ)
Colectivo Ingeniummex (San Cristóbal de las Casas)
Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco, Ciudad de México
Comisión Permanente por la Paz y justicia Indigena de Oxchuc
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDyCCh) (más de cien organizaciones sociales, ongs, redes de ongs, artistas, académicos y ciudadanas-os)
Maderas del Pueblo del Sureste, AC (MPS)
Melel Xojobal (Melel)
Organización para la Defensa de la Medicina Indígena Tradicional de Chiapas, AC (ODEMITCh)
Pueblos y comunidades en Resistencia Civil, Emiliano Zapata del Valle, Chiapas
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

(además, se adhieren como personas: Ana Valadez Ortega, Concepción Villafuerte, Mariana Kramsky, Mercedes Osuna;)

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Boletín de prensa No. 005

•    Faltas al debido proceso y acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres y el feminicidio

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 26 de junio de 2017 / A más de medio año de haber sido ordenada la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para las mujeres de Chiapas, instancias del gobierno estatal incumplen en implementar las medidas urgentes para atender el grave incremento de actos violentos y feminicidios en la entidad.

El pasado 18 de noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), comunicó a Manuel Velasco Coello, gobernador del estado de Chiapas, y a este Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, (CDMCH), organización peticionaria de la AVG, la formal Declaratoria de AVG para implementar medidas urgentes de seguridad, prevención, justicia y reparación, así como visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia a fin de garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Sin embargo, como parte también de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio, hemos denunciado el grave incumplimiento de los acuerdos básicos para avanzar en torno a la implementación de acciones que hemos discutido en tres sesiones ordinarias del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) del cual también formamos parte.

En ese sentido, como Centro de Derechos de la Mujer denunciamos particularmente las acciones y omisiones más recurrentes que seguimos documentado en nuestra labor cotidiana como Defensoras de Derechos ante las instancias encargadas de procuración y administración de justicia en Chiapas.

Omisión por parte de los Operadores del sistema a su deber de preservar la vida, la integridad física, los derechos e intereses de las mujeres en situación de violencia.
Debido a la falta de capacitación, voluntad, interés y negligencia de Fiscales, Peritos (as), Policías, Traductores (as), y Secretarios (as) de las unidades dependientes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) observamos patrones comunes en el trato que dan a las mujeres que denuncian una situación de violencia, a saber:
a)    No existe un espacio adecuado para escuchar a la víctima de violencia, generalmente este procedimiento se realiza en el área de atención inmediata, que es un espacio abierto, carente de mobiliario y que revictimiza a las personas que acuden a interponer su denuncia inicial;
b)    El personal a cargo no tiene claridad de cómo actuar cuando una mujer se presenta a denunciar una agresión reciente, ya que esto implica canalizar de inmediato a los servicios de salud cuando existen lesiones físicas o bien la sospecha de daños no visibles que puedan generar riesgo para su vida y que requieren atención hospitalaria;
c)    No se realiza análisis de riesgos que permitan prevenir una nueva agresión a la persona o personas denunciantes;
d)    No se proporciona un trato digno y sensible a las víctimas ya que los servidores públicos siguen reproduciendo prejuicios que tienden a revictimizar y culpar a las mujeres;
e)    No hay atención inmediata y eficaz ya que se dilatan los trámites y no se brinda información sobre el procedimiento a seguir, los tiempos y recursos en la intervención, además de no proporcionarle a la víctima copia ni lectura y revisión de su declaración;
f)    Se deja de considerar que las mujeres indígenas para llegar a la agencia del Ministerio Público para denunciar o dar seguimiento a una investigación tuvieron que viajar o caminar por varias horas, por lo que no darles atención e información representa negarles el acceso a la justicia;
g)    Para la expedición de copias autentificadas se siguen cobrando sumas de hasta $400.00, siendo ello inaceptable tomando en consideración que las actuaciones de la Fiscalía ya no tienen el carácter de públicas;
h)    Observamos el no cumplimiento de parte de los cuerpos policiacos de las ordenes de protección otorgadas a favor de mujeres indígenas, y la omisión de la Fiscalía para exigir su cumplimiento;
i)    Es evidente en cualquier Fiscalía de Distrito, incluyendo las especializadas para población indígena y migrante, la falta de traductores así como la ausencia de capacitación para escuchar a las mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidades diferentes que han sido agredidas;
j)    La dilación injustificada en la presentación de peritajes a cargo de médicos (as), psicólogas y trabajadoras sociales;
k)    Falta de personal especializado y la puesta en marcha de protocolos de actuación para la atención de denuncias realizadas por niñas, adolescentes y personas con capacidades diferentes

Estos patrones de actuación y omisión son tan sólo algunos de los más comunes que observamos de manera sistemática, de manera directa por los casos que acompañamos hemos documentado estas faltas en Fiscalías como Bachajón, Yajalón, Ocosingo y San Cristóbal; de igual forma en otros Distritos, sin que la Fiscalía Indígena asuma su responsabilidad conferida, documentamos la negligente atención a población indígena de municipios como Salto de Agua, Palenque, Margaritas y Teopisca.

Omisión en la  aplicación del Protocolo de Actuación Operativa y Técnica en la Investigación de los delitos de Homicidio y Feminicidio.
A lo largo de estos más de 7 meses de haber sido declarada la Alerta de Violencia de Género para Chiapas, distintas organizaciones de Derechos Humanos, medios de comunicación y familiares de las víctimas hemos denunciado distintas acciones y omisiones por parte de las autoridades correspondientes para atender la violencia contra las mujeres y el feminicidio en la entidad no obstante vemos con suma preocupación que continúan las diligencias y tramites sin aplicar el Protocolo de Actuación Operativa y Técnica en la Investigación de los delitos de Homicidio y Feminicidio, así como las debidas diligencias para deslindar y/o probar que no se tratan de actos criminales.

De manera particular denunciamos la falta de información por parte de la FGE para dar a conocer el número, lugar, fecha y demás caracterizaciones de los feminicidios que se han investigado por lo menos a partir de noviembre de 2016 a la fecha, así como el número de denuncias que han recibido por violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas, y cuántas se han judicializado.

Como CDMCH, organización peticionaria de la AVG e integrante de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, nos mantendremos atentas y vigilantes a las acciones que el Estado implemente para cumplir con su obligación de salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en la entidad.

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Boletín de prensa No. 004

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 26 de abril de 2017 / Este 24 de abril, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) cumplió trece años de caminar en la promoción y defensa de los Derechos de las Mujeres con apuesta política feminista, antipatriarcal y anticapilista.

Quienes integramos esta organización civil recordamos que como CDMCH nos constituimos en el año 2004 en seguimiento a los acuerdos del Foro “Reclamo de las Mujeres ante la violencia, la impunidad y la guerra” que reunió a más de 3,000 mujeres que manifestaron la necesidad de contar con un organismo que reconociera y atendiera la violencia especifica de género con base al marco internacional de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Como Centro de Derechos Humanos, con un posicionamiento feminista, ubicamos la desigualdad de clase, género y etnia como las bases reproductoras de las relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres, que niega el reconocimiento de la autonomía individual y organizativa para participar en la toma de decisiones en los múltiples espacios de la vida comunitaria y social.

La defensa de los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia, la visibilización de los cambios en la redefinición de los derechos y la construcción de la plena apropiación de una posición consciente y crítica en la toma de decisiones y el ejercicio de los derechos de las mujeres desde los ámbitos íntimo, privado y público es el núcleo central de nuestro trabajo, por ello seguimos apostando a la construcción de una cultura de igualdad, justicia y libertad.

Acompañar a mujeres del campo y la ciudad, de distintas generaciones, culturas, lenguas, tradiciones, ideologías, convicciones, todas en defensa de sus Derechos es un proceso que implica la transformación de ámbitos individuales y colectivos que aporten a la construcción de la autodeterminación de las mujeres y la autonomía de sus comunidades.

Hoy, a 13 años de caminar, reconocemos el aporte de todas las  mujeres que han sido parte de este esfuerzo colectivo y constructivo que hace posible la existencia del CDMCH como un espacio de lucha y aporte en la construcción de un mundo justo y digno.

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San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 8 de marzo de 2017

PRONUNCIAMIENTO

Cuarta Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones.

Los días 6 y 7 de marzo, nosotras, mujeres y hombres, indígenas, campesinos, campesinas y urbanas, de diversas comunidades, ejidos, colectivos, organizaciones de base, ciudades y países nos reunimos para reflexionar y debatir sobre las problemáticas que provocan los proyectos neoextractivistas que  afectan nuestras tierras, ríos, lagos, montañas y nuestra salud con enfermedades mortales cuyos tratamientos se vuelven inaccesibles.

Con testimonios de las compañeras de zona norte, del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”, del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia de Tecpatán y de otros lugares de Chiapas, volvimos a constatar cómo los proyectos extractivistas generan divisiones y violencia en las comunidades. Nos dividen a través de engaños al decir que habrá más trabajo, que habrá más inversión en proyectos comunitarios y cuando protestamos el gobierno y las empresas nos reprimen, amenazan, encarcelan. Es la forma en que el Estado y el sistema de muerte muestra sus diferentes rostros en su guerra de exterminio contra los pueblos, hombres y sobre todo contra las mujeres.

Los proyectos neoextractivistas no son el único problema en nuestras tierras y territorios, la violencia feminicida también nos afecta y no queremos seguir viviendo esta situación injusta.

El neoextractivismo, la devastación ambiental, la violencia feminicida y los feminicidios son parte de los rostros de este sistema de muerte. Por eso vemos que la lucha contra la hidra capitalista debe ser de todas y todos, los del campo y los de la ciudad, de manera articulada.

Nosotras las mujeres exigimos se nos reconozca, respete y tome en cuenta nuestra palabra y decisiones en todos los espacios de participación: familia, comunidad, estado, organización.

Por ello denunciamos:
•    El incesante incremento de feminicidios y violencia hacia las mujeres, en el campo y la ciudad, que no se castiga, provocando impunidad y la naturalización de la violencia feminicida.
•    El despojo que impulsa el mal gobierno en territorio de los pueblos, el agua, bosque, selva, manglares, humedales, ocasionando la muerte de cientos de especies vegetales y animales, incluyendo al ser humano.
•    La represión a la manifestación organizada de pueblos, comunidades y organizaciones que luchan por defender la tierra y el territorio frente a proyectos extractivistas  de muerte. Ejemplo de esto son las órdenes de aprensión contras pobladores de Pijijiapan y Tecpatán, así como el hostigamiento hacia compañeras y compañeros del Soconusco, la Sierra y otras regiones de Chiapas.
•    El injusto encarcelamiento de luchadoras sociales como Silvia Juárez Juárez, presidenta de la Asamblea de Padres de Familia de Tecpatán, acusada de motín, daños y secuestro. Medida implementada por el mal gobierno para reprimir la defensa del territorio zoque frente a la exploración de pozos de hidrocarburo.
•    La violencia paramilitar que asola a las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, derivada de la intención del Estado por apropiarse de los bienes naturales que se localizan en esa selva.
•    La violencia que genera el mal gobierno con sus partidos políticos que ha llevado a la confrontación y muerte de hombres y mujeres en el municipio de Chenalho, Chiapas.
•    A las autoridades de los tres niveles de gobierno que venden nuestro territorio a las transnacionales sin importarles la vida de las mujeres, nuestras familias y la madre tierra.

Ante esta situación la Asamblea del Movimiento en Defensa del Territorio después de un análisis profundo de los problemas de las comunidades, pueblos, mujeres, hombres, niños, niñas, ancianas y ancianos, así como de las propuestas para hacer frente a este sistema de muerte, acordamos dar a saber a todas y todos los siguientes resolutivos:

1)    Confirmamos nuestro compromiso de seguir organizadas e impulsando el Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por el derecho de las mujeres a decidir.
2)    Nos sumamos a la propuesta del Congreso Nacional Indígena (CNI) de conformar un Consejo Indígena de Gobierno y celebramos que sea una mujer indígena la vocera de los pueblos. Consideramos que su propuesta es justa y responde a la necesidad de construir otro mundo posible, de igualdad para todos y todas.
3)    Acordamos compartir en nuestras familias, comunidades, pueblos, organizaciones y en el CNI los principios de la tenencia colectiva familiar porque consideramos que de esa manera fortalecemos la defensa de nuestras tierras y territorios; la de las mujeres, las jóvenes, los jóvenes, las niñas y los niños, en todos los espacios de decisión, en el espacio público donde se discute la vida de una comunidad; y que podamos participar en los cargos de representación ejidal y comunal. Reflexionamos sobre la importancia de reconocer y respetar la diversidad de familias y formas de vivir, porque no todo pasa por el matrimonio.
4)    Las mujeres, nuestras familias y comunidades tenemos derecho a la vida, a respirar aire limpio, a tener ríos y aguas no contaminadas, a no vivir violencia de cualquier tipo. A que respetemos que la tierra no se vende, se ama, se cuida y se defiende.
5)    Reconocemos que nuestros cuerpos son el primer territorio a defender y nuestro primer espacio de decisión.  
6)    La Asamblea se solidariza con las luchas de otras mujeres y sus pueblos que se encuentran organizadas en la defensa de la vida, la tierra, y el territorio.
7)    Condenamos los actos de represión y criminalización hacia las mujeres y pueblos que resistimos desde la digna rabia.
8)    Reprobamos la violencia machista hacia las mujeres, las niñas, las ancianas y exigimos castigo a los responsables. Violencia que se reproduce en los sistemas de salud, educación y en todo el  Estado.

Saludamos:

1)    A todas las mujeres que se organizan y movilizan contras todas las formas de violencia hacia las mujeres y los pueblos.
2)    A las compañeras del EZLN, las mujeres de los Pueblos del CNI y adherentes a La Sexta.
3)    A las mujeres de Acteal, de la CODIMUJ, del MODEVITE y otras más que en sus comunidades están protestando contra la violencia hacia las mujeres.
4)    A las compañeras que han salido a las calles o que en sus espacios de acción se suman al llamado del Paro Internacional de Mujeres en protesta por la violencia feminicida.

¡Sin la participación de la mujer, no hay organización!
¡Sin oro podemos vivir, pero sin agua no!
¡No más violencia contra las mujeres!
¡Sí a la vida, no a la mina!
¡Presas políticas libertad!
¡Si somos raíces de la vida, podemos ser raíz de la lucha por la tierra y el territorio!
¡No queremos flores, exigimos derechos y respeto a nuestros cuerpos¡

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San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 03 de febrero de 2017
Boletín de prensa No. 002

Melel Xojobal, luz verdadera para la infancia y juventud en Chiapas

Quienes integramos el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) nos sumamos a la celebración de la organización hermana Melel Xojobal al cumplir 20 años de trabajo en la defensa y promoción de los Derechos de la Infancia y Juventud en Chiapas.

Desde que Melel Xojobal inició su trabajo en 1997 ha sido referente obligado en el transitar de cientos de historias de vida de niñas, niños y personas jóvenes que, en situación de calle, desplazamiento forzado, maltrato, exclusión, pobreza, discriminación, violencia y desigualdad, ha acompañado de manera sensible y cercana para hacer valer la dignidad de quienes han padecido violaciones a sus derechos humanos.

Melel a través de su arduo trabajo ha logrado incidir notablemente en espacios de debate, construcción de alternativas, propuestas de interés público y cambios sociales. Con múltiples actividades: Marchas, campañas, aportes en la elaboración de leyes y reglamentos, capacitaciones, informes, estadísticas, participación en foros internacionales y denuncias públicas, nos han ampliado la mirada para sumarnos a la urgente necesidad de reconocer en nuestras niñas, niños y jóvenes no sólo el futuro de la humanidad sino el presente constructivo y el reflejo de nuestras acciones y omisiones que como sociedad heredamos a las generaciones siguientes.

Las y los integrantes del CDMCH reconocemos el compromiso de quienes han sido parte de Melel Xojobal, así como de sus actuales miembros. Respetamos su trayectoria ya que sin la apuesta congruente de reivindicar los derechos de las personas que acompañan, a la par de la construcción colectiva al interior de un proyecto político, sería imposible llegar consolidados, como nos lo demuestran hoy en esta celebración abierta que compartimos con ustedes.
Finalmente, les animamos a que juntas sigamos acompañando procesos de transformación social en torno a la construcción de condiciones de igualdad de clase, género y etnia, espacios libres de violencia para mujeres, infantes, jóvenes y toda persona cuya dignidad nos impulse a defender y promover el Lekil Kuxlejal (buen vivir).

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