San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

6 de enero de 2020.

Vacante para Abogada de Derechos Humanos

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH) es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que surge de la lucha y demandas de las mujeres chiapanecas.

El CDMCH es un referente autónomo feminista que documenta, denuncia e implementa la defensa integral y participativa frente a la violación sistemática y sistémica de los derechos de las mujeres por parte del sistema capitalista patriarcal, del Estado, las instituciones, agentes oficiales y civiles. Para ello promueve la construcción de fuerzas de presión colectiva, el litigio estratégico y la denuncia pública acompañando la creación de alternativas de justicia social y ejercicio de derechos con igualdad de clase, género y etnia.

El Centro de Derechos de la Mujer tiene su sede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, trabajando en tres regiones del estado de Chiapas: Altos, Norte y Selva-Fronteriza, contribuyendo a la construcción de la autodeterminación de las mujeres indígenas, campesinas y rurales para el ejercicio y defensa de sus derechos humanos.

Perfil a contratar:
• Ser abogada feminista con cedula profesional
• Tener posicionamiento político contra las opresiones de género, clase y etnia,
• Tener un mínimo de tres años de experiencia en el ejercicio de la profesión
• Habilidad e iniciativa para trabajar en equipo y bajo presión
• Capacidad analítica y desarrollo de argumentos legales
• Capacidad para relacionarse profesionalmente
• Conocimiento sobre el contexto político y la situación de las mujeres en la región.
• Habilidad para documentar, registrar información y gestionar en las instancias nacionales e internacionales.
• Participar en los procesos de formación y evaluación del CDMCh.
• Disponibilidad de realizar trabajo en las comunidades.
• Tener conocimientos en el manejo de datos cualitativos y cuantitativos.
• Poseer iniciativa propia.
• Conocimiento en el idioma inglés.
• Disponibilidad de tiempo.
• De preferencia con licencia de conducir y disponibilidad para viajar.

Responsabilidades y funciones:
• Investigación, Fiscalización y Denuncia de las políticas públicas que vulneran los derechos humanos en coordinación con las áreas de Fuerzas y Comunicación
• Impulsar junto con las áreas de fuerzas políticas y comunicación e incidencia, las estrategias de evidenciación, denuncia e incidencia pública acordes al Litigio Estratégico Feminista.
• Establece relaciones con organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos y da seguimiento a las alianzas estratégicas.
• Documentación y registro de casos y acciones en la base de datos del CDMCH.
• Sistematización y análisis de la información de la base de datos junto con los otros equipos y el área de documentación, comunicación e incidencia, para evaluar el trabajo, hacer las denuncias correspondientes por incumplimiento y/o violaciones del Estado e impulsar las campañas en defensa de los DH de las mujeres.
• Realiza y da seguimiento a denuncias jurídicas, acciones urgentes y casos paradigmáticos en relación a las problemáticas sociales identificadas como estratégicas para la exigencia de condena al Estado y la reparación de los daños a través de las instancias nacionales e internacionales.
• Elabora y presenta informes sobre las violaciones a derechos de las mujeres y los pueblos por parte del Estado y sus agentes, ante instancias nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.

Requisitos para la contratación:
• Currículum Vitae u Hoja de Vida (especificar sus experiencias).
• Carta de motivos incluyendo su concepción de derechos humanos de las mujeres y del feminismo.
• 2 Cartas de recomendación (personal o institucional).

Procedimiento:
• Recepción de documentos y selección de aspirantes: Desde el día 2 de enero de 2020 por vía correo electrónico y, desde el 6 de enero en físico y digital, notificándoles acuse de recibido.

Las personas interesadas deberán enviar su documentación por correo electrónico dirigido a: Claudia Vázquez, Coordinadora General: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y a Laura Díaz Gómez, Responsable del Área de Incidencia Jurídica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

O bien entregarlo personalmente en la oficina del CDMCh, ubicada en Privada Cuatro Caminos No. 11 Col. San Martín, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Teléfono y fax; (01967) 6316075, de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

• Entrevistas: Del 16 al 30 de enero del 2020, se notificará previamente a las seleccionadas.

• Contratación e inicio de labores: A partir del 01 de febrero de 2020 con la firma de contrato de prueba por tres meses, para mutua evaluación de incorporación al Centro, renovable a un año.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 15 de agosto del 2019

Verdad y Justicia para Acteal

• Mujeres organizadas y defensoras de Derechos Humanos exigimos que se emita el informe de fondo por el caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y otros conocidos como "Masacre de Acteal".

A nombre de quienes colaboramos en el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH) queremos hacer público el siguiente comunicado de solidaridad con las compañeras y compañeros de Acteal.

En nuestra memoria tenemos vivo y presente lo ocurrido hace 21 años, cuando aquel 22 de diciembre de 1997 fueron asesinadas 45 personas entre los que se encontraban niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos orando por la Paz con Justicia y Dignidad para los pueblos que sufrían el ataque, desplazamiento forzado y desaparición en manos de grupos paramilitares que actuaron con total impunidad al cometer este crimen de lesa humanidad.

No olvidamos que los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal terminaron con la vida de 45 personas más 4 que aún no nacían y que en este acto la mayor parte de personas asesinadas fueron mujeres, tal como indican los planes de contrainsurgencia al enfocar la semilla que representan las mujeres para los pueblos al ser dadoras de vida pero también guardianas del territorio sagrado.

En nuestros corazones y caminar, siempre reconoceremos que la lucha de Acteal es un gran ejemplo de fuerza, resistencia y perseverancia ante la continuidad de la estrategia contrainsurgente que ocupa a militares, ahora como la Guardia Nacional, para el control de la población civil, el despojo de la tierra, la ocupación del territorio y la violación sistemática de los derechos humanos, específicamente de las mujeres como objetivo y botín de guerra en el contexto de conflicto armado interno que vivimos en Chiapas.

Como mujeres defensoras de derechos humanos nos sumamos a la exigencia de la verdad y la justicia, para las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Acteal, toda vez que es urgente garantizar  la seguridad y el cese de la violencia que continúan enfrentado a través de  los ataques, amenazas y hostigamiento, tal como lo denunciaron el pasado 10 de agosto tras el ataque en la Colonia Los Chorros, una de las comunidades en las que habitan paramilitares que fueron liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en agosto del 2009.

Queremos hacer público el reconocimiento a las compañeras y compañeros de Acteal, reiterándoles nuestra solidaridad a la fuerza y luz que tienen para sostener  este largo tiempo la lucha que han fortalecido el corazón de todas nosotras que como Mujeres seguimos el camino de justicia y verdad.

Que se sepa el abrazo que seguimos juntas y juntos, denunciando la violencia sistémica y genocida que se sigue perpetuando en nuestros corazones, cuerpos y territorios,  y exigiendo verdad y justicia para nuestr@s compañer@s de Acteal, Ayotzinapa, Tlatlaya, Aguas Blancas, El Charco y Wolonchan.

Seguiremos atentas a las acciones civiles y pacíficas que nos sigan encontrando y fortaleciendo como Mujeres y Pueblos en lucha.

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Fotografía: cortesía de Las Abejas de Acteal

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; 09 de abril de 2019

Las integrantes del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH) lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestras compañeras defensoras de derechos humanos Ana Paula Hernández de nacionalidad Mexicana quien se desempeñaba como Oficial del Programa para América Latina del Fondo Global de Derechos Humanos; Sally O’Neill, Irlandesa, representante del Fondo Global en Honduras; Ana Velázquez Ordoñez, compañera de Guatemala, integrante del Concejo de Pueblos del Occidente (CPO); así como de Daniel Tuc, compañero de lucha, quienes perdieron la vida el pasado domingo 7 de abril en un trágico accidente ocurrido en el Departamento de Huehuetenango, Guatemala.

Desde Chiapas, México, les abrazamos, enviamos nuestras condolencias y muestras de cariño a familiares, amig@s y compañer@s del Fondo Global y del CPO, organizaciones hermanas con quienes hemos compartido caminos de lucha por la defensa de los derechos humanos de las Mujeres y de sus Pueblos.

En nuestro corazones siempre tendremos presente y vivo el recuerdo de nuestro reciente encuentro con Ana Paula en esta Ciudad, donde compartimos afinidades por la lucha en la defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas y campesinas de Chiapas, así como nuestros sueños y esperanzas de construir otro mundo con mejores condiciones de vida digna y justa para nosotras como Mujeres y nuestros Pueblos.

Sus vidas ejemplares en el desempeño de tan valiosa labor de nuestras compañeras defensoras, hoy son un legado para seguir sembrando las semillas de esperanza y rebeldía que nos hicieron coincidir y caminar juntas. Nuestros reconocimientos y abrazos eternos.

Hasta siempre compañeras...

Sororalmente

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC

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Pronunciamiento conjunto
Arriaga, Chiapas, México.
21 de febrero de 2019

Estado mexicano omiso en la protección a defensores
y defensoras de derechos humanos

• Samir Flores cuidador de la Madre Tierra asesinado en Morelos

El Estado mexicano reitera una vez más su omisión en la protección a defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente a quienes resisten como Pueblos Originarios en contra del despojo a sus territorios. En medio de una escalada de desprestigio y criminalización a organizaciones sociales y civiles, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incrementa el riesgo a la vida de quienes enfrentan amenazas a su integridad y seguridad a consecuencia de su labor de apuesta por la paz, el territorio y la vida.

Samir Flores, cuidador de la Madre Tierra, indígena nahuatl, comunicador comunitario y delegado del Congreso Nacional Indígena fue asesinado la madrugada de ayer, en su casa en Amilcingo, Municipio de Temoac, Morelos, México; en el contexto de una consulta impuesta y simulada para aprobar el Proyecto Integral Morelos, (PIM) acción que también violenta los derechos colectivos a la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios.

Desde 2011 ejidos y comunidades se han manifestado de manera pacífica en rechazo a la construcción de un gasoducto, acueducto y dos termoeléctrica que afectarían sus territorios y cultura. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Tlaxcala y Puebla (FPDTA) responsabilizó al gobierno federal por el riesgo a la vida en el que se encuentran los pueblos que se oponen al PIM:

"Este asesinato es resultado de la omisión de este y los gobiernos anteriores de resolver por la vía del diálogo el conflicto que genera el inviable Proyecto Integral Morelos, de la imposición del capital sobre los pueblos. De la justicia que no llega para los pueblos originarios afectados, de las sentencias y recomendaciones de la CNDH que llegan tarde y no se cumplen, al contrario, se vuelven a violar."

Las organizaciones que firmamos, nos sumamos a las múltiples voces que exigen justicia para Samir Flores y garantías de protección para quienes que se oponen al Proyecto Integral Morelos. Rechazamos cualquier línea de investigación que pretenda desacreditar la lucha de Samir Flores en defensa del territorio. Y reiteramos el deber del Estado mexicano de respetar los derechos de los Pueblos Originarios.

A cinco meses del asesinato de Mario Gómez en Yajalón, seguimos exigiendo justicia y protección para periodistas y personas defensoras en Chiapas. Justicia para Sinar Corzo, asesinado el 03 de enero, en Arriaga; Justicia para Noé Jiménez Pablo asesinado el 17 de enero, en Amatán; Justicia para Estelina López Gómez, asesinada el 23 de enero en Amatenango del Valle, Chiapas.

Organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT-Región Sureste):

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa
La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH)
Comité de Derechos Humanos de Comalcalco (CODEHUCO)
Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODHUTAB)
Centro de Derechos Humanos Bety Cariño
Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 14 de febrero de 2019

Pronunciamiento público

 Chiapas en el epicentro de la violencia

• Grave clima de violencia y conflictividad en Chiapas registra incremento de ataques y asesinatos a civiles en varias regiones de la entidad.

Las organizaciones civiles y de derechos humanos que integramos la Red por la Paz en Chiapas observamos que durante los últimos meses, en distintos municipios de Chiapas, se han registrado hechos de violencia y conflictividad que han dejado como saldo el asesinato, desaparición, secuestro, amenazas, agresiones y daños al patrimonio de distintas personas que por distintas causas han resultado afectadas.

Como colectivos hemos acompañado de cerca varios de estos procesos, por ello les compartimos a continuación algunos de los hechos más relevantes denunciados por la Sociedad Civil organizada, organismos civiles, periodistas y medios libres y que hemos documentado de cerca los graves acontecimientos que han segado la vida de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y, particularmente, de mujeres que han sido víctimas de la violencia feminicida.

Contexto de violencia:
• 21 de diciembre de 2018: En Chalchihuitán fueron destruidos cuatro campamentos que eran refugio de población en desplazamiento forzado, los ataques se realizaron en los siguientes lugares con lo cual familias completas, en su mayoría mujeres y niños, escaparon nuevamente a las montañas. A estos hechos una serie de agresiones armadas han cobrado la vida de varias personas en esta región.
• 21 de diciembre: Integrantes de la Mesa Directiva de la Colonia Maya denunciaron la Fiscalía General del Estado (FGE) liberó órdenes de aprehensión en su contra derivadas de su activa defensa del medio ambiente y por oponerse abiertamente al cambio de uso de suelo que implicaría la deforestación de áreas verdes, los vecinos de la Colonia señalan como responsable de esta persecución al señor Juan Oscar Liévano Narváez.
• 03 de enero de 2019: En el municipio de Arriaga, Zona Itsmo-Costa, fue asesinado el defensor de derechos humanos Sinar Corzo Esquinca integrante del Comité Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra; Sinar se encontraba a pocos metros de su domicilio cuando un hombre a bordo de una motocicleta se acercó y a corta distancia le disparó .
• 17 de enero de 2019: Durante la madrugada en la cabecera municipal de Amatán, Zona Norte de Chiapas, se registró un desalojo violento y ataque armado en contra de un plantón pacifico que mantenían frente al palacio municipal un grupo de pobladores; en este acto un grupo civil armado detuvieron, torturaron y asesinaron a José Santiago Gómez Álvarez integrante del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán y Noé Jiménez Pablo de la coordinación estatal del MOCRI – CNPA MN y de la Comisión Política Nacional de la CNPA MN. De estos hechos también se derivaron amenazas de muerte en contra de José Domínguez Domínguez, párroco de Amatán y contra el Padre Marcelo Pérez Pérez de la Parroquia de Simojovel.
• 17 de enero: En la comunidad La Aurora del Municipio de Yajalón, Zona Norte Selva de Chiapas, se registró un enfrentamiento armado en donde cuatro indígenas choles de esta comunidad perdieron la vida; en estos hechos dos elementos de la policía municipal resultaron heridos, un civil que se reportó como grave, además, 6 vehículos y una motocicleta fueron incendiados .
• 20 de enero: En la cabecera municipal de Chilón, durante la madrugada se registró un tiroteo en el que se enfrentó un grupo de civiles armados y elementos de la Policía Municipal del lugar. El saldo fue de dos policías heridos, dos civiles muertos y uno más arrestado; además del miedo y la zozobra causada en la población reportaron nuestros colegas del Centro de Derechos Indígenas, AC (CEDIAC), quienes además denunciaron la militarización del municipio en un comunicado .
• 22 de enero: En la comunidad de Coco, municipio de Aldama, fueron atacadas con armas de fuego tres personas que se dirigían de San Pedro Cotzilnam a Xuxch’en, los disparos provenían de Santa Martha, Manuel Utrilla Chenalhó. De esta agresión resultaron dos personas heridas y uno más fue asesinado .
• 23 de enero: En la comunidad de Santo Tomas, Municipio de Amatenango del Valle, fue asesinada Estelina López Gómez, defensora comunitaria de derechos humanos quien fue atacada por un comando armado. Tan sólo en enero de este año se han registrado, por lo menos, 5 feminicidios. Los cuerpos de las víctimas han sido encontrados en Tuxtla Gutierrez, Comitan, Amatenango del Valle, y San Cristóbal de las Casas. Cuatro de los cinco feminicidios ocurrieron en un espacio de tres días, del trece al quince de enero .
• 31 de enero: En la Colonia Benito Juárez del Municipio de San Cristóbal de Las Casas fue ejecutada una persona del sexo masculino mientras se encontraba a bordo de su vehículo, este hecho se suma a denuncias anteriores en donde se señalan a grupos civiles armados y los llamados “motonetos” como responsables del clima de inseguridad que se vive en el municipio.
• 05 de febrero: En el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán fue retenido un grupo de 13 personas que son acusados de formar parte de los grupos civiles armados que han asolado a habitantes de esta región , los detenidos fueron obligados a confesar sus comunidades de origen, la organización en la que militan y sus nexos con la autoridad municipal.
Mención aparte merece la reiterada violación a derechos humanos que padecen miles de personas que permanecen en desplazamiento forzado en los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, particularmente alarmantes son los datos documentales que el pasado 06 de febrero hizo públicas la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Oventik al señalar que durante el periodo de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador han ocurrido 25 asesinatos de personas en las comunidades de Santa Martha y Aldama.

El anterior recuento de lo que ha ocurrido en tan sólo algunos meses en Chiapas, los representativos incluso de la transición partidista en los poderes del Estado, pone en evidencia la complicidad de los grupos en el poder que coexisten con la actuación de grupos civiles armados, paramilitares y de la delincuencia organizada para “gobernar” bajo la obscura impunidad de los poderes fácticos.

Este escenario de violencia y conflictividad confirma que en Chiapas las familias chiapanecas que por siempre han mantenido el control económico y político sólo cambiaron de nombres y colores partidistas para mantener intactas las mafias del poder; por el contrario el despojo territorial, buscando cobrar un “rostro amable” y de folclor, sigue despreciando la cosmovisión ancestral que desde hace más de cinco siglos vienen defendiendo los pueblos originarios que defienden la tierra y el territorio cuyo espacio es sustancia para la vida.

Como personas defensoras de Derechos Humanos vemos con seria preocupación que las autoridades de los tres niveles en turno, lejos de atender los conflictos de manera integral, han continuado con la estrategia de seguridad militarizada ocupando los territorios y controlando la vida civil con lo cual se adelantan las acciones que tendrían por encargo los efectivos de la Guardia Nacional , lo cual agravaría la violencia estructural que día a día cobra vidas de hombres y mujeres en medio de una guerra silenciada por imponer proyectos económicos y extractivistas.

Quienes integramos la Red por la Paz en Chiapas reafirmamos nuestro compromiso en seguir acompañando procesos de defensa de derechos humanos, promoviendo espacios libres de violencia contra las mujeres y apostando por la construcción de un mundo en paz con justicia y dignidad.

Red por la Paz Chiapas:

Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C. (CDHFP)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ)

 Descarga el pronunciamiento aquí

Más de 40 mujeres del sureste mexicano se encontraron en San Cristóbal de Las Casas para construir una plataforma en defensa de la vida y de la cultura campesina.

Fotografía: CDMCh

(7 de noviembre de 2019. Comunicación/CDMCh).- La libertad de las mujeres no la tendrá jamás el despojo del sistema patriarcal, por eso el pasado 25 y 26 de octubre del presente año, diversas organizaciones del sureste mexicano, conformadas por más de 40 mujeres defensoras de la tierra y el territorio de los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco, llevaron a cabo la 4ta Reunión de La Red Mesoamericana de Mujeres Campesinas-Indígenas en el CIDECI, ahora también nuevo Caracol #7 “Jacinto Canek”, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

La voluntad comprometida de muchas mujeres del sureste de México y de Costa Rica, desde el 2017, ha permitido la creación autónoma de un espacio de articulación con perspectiva crítica de oposición al sistema, para levantar otro mundo posible en igualdades sociales para las mujeres campesinas indígenas que trabajan en defensa de los derechos de la vida campesina y de todas las formas de vida, revalorando su Ser Mujer desde sus saberes y experiencias como instrumento de lucha.

Esta reunión mantiene la apuesta con convicción en consolidar una estructura de red que reúna las miradas, las problemáticas, los sueños y los desafíos de las mujeres campesinas indígenas en la región centroamericana, para trabajar en una agenda política que permita hacer acciones concretas y visibles que ayude a mitigar los embates del sistema capitalista, patriarcal neoliberal que arremete cada día nuestros territorios y nuestros cuerpos.

Fotografía: CDMCh

El objetivo de consolidar y seguir articulándose como mujeres en defensa de la vida y la cultura campesina, para fortalecer la lucha y resistencia política frente al sistema capitalista, neoliberal, patriarcal y neoextractivista, es una propuesta a la que se han sumado mujeres del Movimiento en Defensa de La Tierra, el Territorio, por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en la Toma de Decisiones de las Mujeres, Mujeres de la Red Mesoamericana, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y, Lekilum A.C de Chiapas, La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, Mujer Árbol A.C de Tabasco, Kalli Luz Marina A.C de Veracruz, entre otras.

Fotografía: CDMCh

Este significativo encuentro desarrolló una Feria de Nuestras Luchas, donde las participantes a través de exposiciones de fotografías, informativos, pedagógicos, artesanías, productos agroecológicos entre otros, compartieron sus experiencias desde sus sentires y pensares; lo que propició un análisis de contexto de las amenazas y situaciones que viven en cada una de sus regiones, dándose un lugar de confianza para revisar diversas situaciones como: la militarización, el despojo lingüístico y cultural, la criminalización de las defensoras y defensores, el impacto de los programas sociales del gobierno, megaproyectos, el despojo, el desplazamiento forzoso, la violencia estructural y directa, el narcotráfico, la desaparición forzada, la penetración de los agroquímicos, entre otras. No obstante, ante un ambiente de mucha incertidumbre, las mujeres construyen un camino para la integración y el fortalecimiento de sus luchas, reconociéndose como una gran unidad viva que debe visibilizarse y solidarizarse ante las situaciones adversas que se vive en el país y en la región centroamericana. La Red Mesoamericana de Mujeres Campesinas Indígenas tiene como principio la solidaridad y, busca consolidar una organización de mujeres para expandir fuerzas y fortalecer la seguridad integral como defensoras de la vida.

 Fotografía: CDMCh

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
16 de julio de 2019.

• Total respeto al derecho y el deber de los individuos, grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos y libertades fundamentales.

• Garantizar el derecho al medio ambiente sano y los derechos de acceso.

En los meses recientes en Chiapas, se ha intensificado el hostigamiento, intimidación y criminalización de defensoras y defensores del agua y el ambiente. Es de suma preocupación, la vulnerabilidad y el alto riesgo al que se enfrentan quienes defienden los bienes naturales, el ambiente y el territorio.

En mayo pasado, habitantes del fraccionamiento El Bosque en Tuxtla Gutiérrez; por defender un área verde, espacio público utilizado como parque por más de 25 años, donde se encuentran árboles como huanacasxtle, caoba, bambú, mango, guaya, bugambilia, limón, benjamina, y naranja de más de 80 años de antigüedad, fueron detenidos sin orden de aprehensión las CC. Magaly del Refugio Ruíz, Ma. Antonia Salazar y Oscar Armando Robles por más de 300 policías de seguridad pública municipal, estatal y de investigación, violando flagrantemente sus derechos humanos; además de hostigar y amedrentar a familiares y vecinos.
En el mes de junio, en la cabecera municipal de Chilón, el actual presidente municipal, Ing. Carlos Jiménez Trujillo, ha impulsado una campaña de represión, hostigamiento y criminalización contra las y los integrantes del Movimiento en Defensa del Agua (MODEA); destituyó al director y a los comités de agua, y ha desconocido la organización ciudadana y comunitaria que administra el sistema municipal de agua. Durante una manifestación pacífica que realizaron el 24 de junio, fueron hostigados por fuerzas policiacas tomándoles fotos y cercando su marcha. De igual modo, ha emprendido una campaña de desprestigio e intimidación contra el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE).

Ahora, en San Cristóbal de Las Casas, se criminaliza la defensa del ambiente y el territorio que mantienen desde hace varios años pobladores de la colonia Maya; el empresario Oscar Liévano Narváez deforestó impunemente un área de bosque en el predio La Moraleja para construir un fraccionamiento de 200 lotes, esto, ha causado daños ambientales, provocando inundaciones que han perjudicado a varias familias de la colonia. La protección del área ecológica que han realizado ante la destrucción por parte del mencionado empresario y la exigencia de justicia para la reparación de daños a los colonos, ha dado como resultado una demanda penal contra integrantes de la mesa directiva de la colonia.

Ante este acto judicial, las y los defensores ambientales interpusieron un amparo, el cual les fue negado a la C. Lucero Aguilar Pérez y al C. Martín López López.

Ante todos estos hechos de criminalización contra defensoras y defensores ambientales, y con fundamento en el artículo primero constitucional, pedimos a las autoridades de los diferentes ordenes de gobierno:

1. El cumplimiento y respeto de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Así como también, el Acuerdo de Escazú, sobre el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano y los derechos de acceso.

2. Garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. (Art. 9 Acuerdo de Escazú).

3. Cancelación de todo proceso judicial y toda orden de aprehensión contra: C. Lucero Aguilar Pérez; C. Martín López López; Magaly del Refugio Ruíz, Ma. Antonia Salazar y Oscar Armando Robles.

4. Reinstalación en sus cargos a los comités y director del Sistema de Agua Potable Municipal de Chilón; así como el respeto y reconocimiento a la organización comunitaria del agua del MODEA.

¡¡¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS AMBIENTALES!!!

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San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 01 de febrero de 2019

Compañeras y compañeros del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán.

Reciban un cordial y fraternal saludo a nombre de quienes colaboramos en el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH). Ante los sucesos ocurridos en días pasados, en el que integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, fueran atacadas por presuntos grupos paramilitares que operan en la región y donde resultaron asesinados Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, expresamos nuestra SOLIDARIDAD y CONDOLENCIAS a sus familiares así como a compañeros (as) de lucha y nos unimos al dolor por la pérdida de sus seres.

Del mismo modo nos solidarizamos con aquellas personas defensoras de los derechos humanos que están siendo reprimidas, hostigadas y amenazadas, en represalia a las acciones de protesta que como grupos organizados y de resistencia se han manifestado en contra del poder político que ostentan algunas familias dentro del municipio.

Nos preocupa el contexto de violencia que se ha recrudecido en los últimos meses en distintos municipios y regiones de Chiapas y que ha sido causa de desplazamientos forzados, aumento de la violencia y persecución a defensoras y defensores de los derechos humanos, teniendo como efectos la desestabilización y debilitamiento del tejido social y comunitario.

Como Centro de Derechos de la Mujer, nos preocupa el riesgo latente en que se encuentra la población, mayormente para con las mujeres, niñas y niños quienes padecen el lastre de estos conflictos. Realidades que las expone a situaciones de riesgo, que no solo viola sus derechos humanos sino que detona el incremento de la violencia feminicida.

Saludamos la peregrinación que realiza el día de hoy el pueblo de Amatán y nos sumamos a las exigencias del Movimiento por la Paz; asimismo instamos a las autoridades competentes a que realicen las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la verdad y la justicia.

Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la lucha que sostienen como movimiento y nos mantenemos atentas a las acciones civiles y pacíficas que nos sigan encontrando como pueblos en lucha.

Atentamente
Equipo del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC.

Lee y descarga la carta aquí en PDF

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de febrero de 2019
Pronunciamiento

Urgimos atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán

• Exigimos al Estado mexicano implementar medidas cautelares de la CIDH y cumplir las recomendaciones de la CNDH

Las organizaciones civiles abajo firmantes exigimos la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, 5 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles del municipio de Chalchihuitán y una comunidad de Chenalhó, Chiapas, México.

Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar No. 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: “Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.

Las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue “insuficiente, inoportuna e inadecuada”.

La omisión e ineficacia en la atención humanitaria ha ocasionado muertes evitables. Además del asesinato de Samuel Luna Girón el 18 de octubre de 2017 y las 10 muertes a consecuencia de las extremas condiciones del desplazamiento forzado durante el invierno de 2017-2018, tenemos el registro de al menos 3 muertes más derivadas de impactos en salud y salud emocional: El 04 de febrero de 2019 murieron dos personas en desplazamiento forzado, Mariano Luna Díaz y Domingo Girón Pérez, al carecer de atención médica a enfermedades intensificadas por el desplazamiento forzado. El 08 de agosto de 2018, Agustín Gómez Pérez, se privó de la vida, él formaba parte de las 31 familias que no regresaron a la comunidad de Pom, de acuerdo a testimonios se suicidó tomando gramoxone, ante la angustia por la imposibilidad de sembrar su tierra ubicada en la zona de conflicto y con ello carecer del sustento económico a su familia.

La falta de condiciones para la sostenibilidad de la vida, la erosión de las capacidades de soberanía alimentaria, la pérdida de los espacios de reproducción y cuidado familiar, la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de la comunalidad y de las redes de protección socialmente construidas, el surgimiento de conflictos internos, los daños en los sistemas de identidad cultural y el aumento de riesgo de muerte materna e infantil son algunos de los impactos directos del

desplazamiento forzado que son ignorados por las distintas instancias responsables de atender la emergencia humanitaria.

El riesgo a la vida, integridad y seguridad por ataques del grupo civil armado de corte paramilitar de Chenalhó continúa, los agresores mantienen el control de los territorios en conflicto y siguen disparando. De quienes han regresado a sus casas, la mayoría no pueden acceder a sus tierras de cultivo, ni han podido regresar a su vida cotidiana en tranquilidad.

A lo anterior se suma el hostigamiento por parte del síndico municipal de Chalchihuitán a quienes forman parte del Comité de Representantes, con amenazas a su vida y condicionamiento de "apoyos de gobierno" obligando a víctimas de desplazamiento forzado a dejar su organización y exigencias. 10 familias expulsadas de la comunidad de Cruz Kakanam, desde el día 08 de enero de 2019, regresaron de manera obligada y sin condiciones de seguridad a sus casas en la zona de riesgo.

La situación es especialmente preocupante para mujeres, niñas y niños. Chalchihuitán es uno de los municipios donde se activó la alerta de genero desde el año de 2016. En el caso particular de las mujeres de las comunidades en desplazamiento es importante observar la violencia que se ha detonado de manera diferenciada en contra de ellas a raíz del conflicto. Por el rol cultural asignado como cuidadoras y reproductoras de la vida, la precarización de las condiciones de vida afecta su integridad física, emocional y psicológica.

Por lo anterior urgimos al estado mexicano:

Primera.- El reconocimiento de la calidad de víctimas de desplazamiento forzado interno a la totalidad de las personas que se desplazaron en Chalchihuitán por ataques del grupo civil armado de corte paramilitar de Chenalhó, desde el 18 de octubre de 2017, tal y como lo reconoce la recomendación emitida por la CNDH.

Segunda.- La debida documentación de la situación en que se encuentra la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán, a efecto de garantizar una atención integral, diferenciada de conformidad con la situación de vulnerabilidad de cada familia. Garantizando recursos económicos para dicha atención a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como recomienda la CNDH.

Tercera.- La reparación integral del daño a las víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán, insistiendo en que muchas de las perdidas materiales mermaron la capacidad de las personas de producir su alimentación, puesto que se perdieron cosechas, animales, herramientas de labranza y de cocina.

Cuarta.- Investigar, identificar, desarmar y desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó que mantienen el control territorial mediante el terror.

Organizaciones acompañantes de las víctimas de desplazamiento forzado interno de Chalchihuitán:

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas;

Maderas del Pueblo del Sureste A.C;

Semilla del Sur;

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C

Descarga el comunicado de prensa aquí

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

11 de Diciembre de 2018

Más de 150 organizaciones civiles defensoras de derechos humanos exigimos la destitución de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del estado de Chiapas.

"El recién nombrado Fiscal, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello. Durante su gestión como Secretario se caracterizó por el uso de la fuerza pública para la represión a personas defensoras de derechos humanos. Integrantes de las corporaciones policiales que estaban a su cargo fueron denunciados por corrupción y de estar involucrados en violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias y torturas, hechos que continúan en impunidad."

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