San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
10 de noviembre de 2018

Pronunciamiento público

Seguridad sin guerra, paz con justicia y dignidad

• Alto a las agresiones y amenazas de muerte contra personas defensoras de Derechos Humanos, de la tierra, el territorio y de la vida en la zona fronteriza de Chiapas.

Las organizaciones civiles y de derechos humanos que integramos la Red por la Paz en Chiapas saludamos a quienes el día de hoy peregrinan dando vivo testimonio de la reiterada apuesta por construir caminos de paz con justicia y dignidad para los pueblos que afrontan condiciones de violencia estructural y directa que impone el sistema extractivista en Chiapas.

De manera particular abrazamos las causas que enarbola el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, además de hacer nuestras las denuncias públicas del Comité para la promoción y defensa de la vida “Samuel Ruiz García” sobre el contexto de creciente violencia en la región cuya expresión más reciente es la amenaza de muerte que recibió el Padre Eleazar Juárez Flores de la parroquia de San Pedro y San Pablo en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Gracias al trabajo de documentación y denuncia de nuestras compañeras defensoras y defensores de derechos humanos de la región fronteriza de Chiapas conocemos del clima de violencia generalizada que padecen los municipios de Comalapa, Chicomuselo, Bella Vista y Amatenango de la Frontera, por citar los más recurrentes, en donde la profundización de la pobreza, la exclusión y el despojo del territorio, el desplazamiento forzado, los asesinatos de personas defensoras, la violencia contra las mujeres y el feminicidio, los proyectos de muerte que trae la minería, la venta ilegal de alcohol y consumo de drogas, la trata de personas y la prostitución se han ido anidando debido al tráfico de influencias, la impunidad y la injusticia con que actúan las autoridades de los distintos niveles en esta franja fronteriza del sureste mexicano.

En ese sentido, como Red por la Paz, nos preocupa que dadas las condiciones de desmantelamiento, división y fractura del tejido social comunitario que impone este contexto de violencia en la región la respuesta del Estado Mexicano sea la aplicación de facto de la Ley de Seguridad Interior (LSI) a través de la instalación y funcionamiento del cuartel militar recién inaugurado en Chicomuselo, Chiapas. Reprobamos los actos de intimidación y provocación que realizan efectivos militares a la labor de promoción y defensa de los derechos humanos de quienes acompañan a personas, organizaciones y comunidades que han optado por la defensa de la vida, por condiciones de seguridad, pero sin guerra y por la construcción de paz con justicia y dignidad.

La Ley de Seguridad Interior busca proteger a las instituciones del Estado Mexicano y la inversión de capital privado transnacional criminalizando la protesta y la oposición, haciendo uso “legal” de la violencia hacia acciones de “resistencia no violenta”, la Ley además faculta a las Fuerzas Armadas a realizar acciones de inspección de las personas y sus bienes; actuar como ejecutor de acciones penales como la aprehensión o detención de personas y tener plena libertad para intervenir las comunicaciones sin control judicial porque la información que obtenga es de “seguridad nacional”. Incluso el Ejército podría decretar una ocupación militar en lugares que designe junto con el Presidente de la República sin que ello tenga consecuencias administrativas, civiles o penales.

Según esta Ley, entre los delitos y acciones que atentan contra la seguridad interior del país se encuentran las acciones que pueden obstaculizar o atentar contra los servicios públicos, las áreas estratégicas o prioritarias como los proyectos de minería, los programas federales o la inhabilitación de infraestructura. Estos hechos facultan al Ejército para utilizar la fuerza en actos de “resistencia no agresiva”. Así, podrían actuar sin limitaciones o control de ningún tipo sobre el armamento o las municiones que utilicen para salvaguardar las instituciones, el estado de derecho o la seguridad nacional.

Al respecto señalamos que, de manera particular, los costos humanos de esta guerra legalizada contra la población civil cobra entre sus víctimas más vulnerables la vida de mujeres, niñas y niños ya que son considerados como “botín de guerra” o elementos de “castigo ejemplar” para romper el tejido familiar y comunitario buscando desmovilizar la acción social, civil y pacífica de los pueblos organizados.

Ante ello, y en el marco de la coyuntura que se debate hoy en día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), urgimos que se atienda y escuché el reclamo generalizado para declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior en México ya que aumentarán las violaciones a los derechos humanos, de esto damos testimonio ya que tenemos la experiencia vivida con la ocupación militar de Chiapas a partir de 1994, por ello insistimos en que la presencia del ejército no garantizará un mayor nivel de seguridad, al contrario consideramos que establecer un marco jurídico a las acciones del ejército es legalizar e impulsar el contexto de violencia y de delitos asociados con el combate al crimen organizado.

Nos declaramos atentas a lo que acontece en la región fronteriza de Chiapas y nos solidarizamos con quienes hoy siguen los pasos de El Caminante, Samuel Ruiz García, por los caminos de verdad y justicia para los pueblos.

Red por la Paz Chiapas

Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C. (CDHFP)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ)
Servicio Internacional para la Paz, A.C. (SIPAZ)

Descarga el pronunciamiento aquí

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
07 de agosto del 2018

 

Vacante para Abogada de Derechos Humanos

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH) es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que surge de la lucha y demandas de las mujeres chiapanecas.

El CDMCH es un referente autónomo feminista que documenta, denuncia e implementa la defensa integral y participativa frente a la violación sistemática y sistémica de los derechos de las mujeres por parte del sistema capitalista patriarcal, del Estado, las instituciones, agentes oficiales y civiles. Para ello promueve la construcción de fuerzas de presión colectiva, el litigio estratégico y la denuncia pública acompañando la creación de alternativas de justicia social y ejercicio de derechos con igualdad de clase, género y etnia.

El Centro de Derechos de la Mujer tiene su sede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, trabajando en tres regiones del estado de Chiapas: Altos, Norte y Selva-Fronteriza, contribuyendo a la construcción de la autodeterminación de las mujeres indígenas, campesinas y rurales para el ejercicio y defensa de sus derechos humanos.

 

Perfil a contratar:

• Ser abogada feminista con cedula profesional
• Tener posicionamiento político contra las opresiones de género, clase y etnia.
• Tener un mínimo de tres años de experiencia en el ejercicio de la profesión.
• Habilidad e iniciativa para trabajar en equipo y bajo presión.
• Capacidad analítica y desarrollo de argumentos legales.
• Capacidad para relacionarse profesionalmente.
• Conocimiento sobre el contexto político y la situación de las mujeres en la región.
• Habilidad para documentar, registrar información y gestionar en las instancias nacionales e internacionales.
• Participar en los procesos de formación y evaluación del CDMCH.
• Disponibilidad de realizar trabajo en las comunidades.
• Tener conocimientos en el manejo de datos cualitativos y cuantitativos.
• Con iniciativa propia.
• Conocimiento en el idioma inglés.
• Disponibilidad de tiempo.
• De preferencia con licencia de conducir y disponibilidad para viajar.

 Responsabilidades y funciones:
• Investigación, Fiscalización y Denuncia de las políticas públicas que vulneran los derechos humanos en coordinación con las áreas de Fuerzas y Comunicación
• Impulsar junto con las áreas de fuerzas políticas y comunicación e incidencia, las estrategias de evidenciacion, denuncia e incidencia pública acordes a la defensa jurídica de las problemáticas sociales detectadas y priorizadas.
• Establece relaciones con organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos y da seguimiento a las alianzas estratégicas.
• Documentación y registro de casos y acciones en la base de datos del CDMCH.
• Sistematización y análisis de la información de la base de datos junto con los otros equipos y el área de documentación, comunicación e incidencia, para evaluar el trabajo, hacer las denuncias correspondientes por incumplimiento y/o violaciones del Estado e impulsar las campañas en defensa de los DH de las mujeres.
• Realiza y da seguimiento a denuncias jurídicas, acciones urgentes y casos paradigmáticos en relación a las problemáticas sociales identificadas como estratégicas para la exigencia de condena al Estado y la reparación de los daños a través de las instancias nacionales e internacionales.
• Elabora y presenta informes sobre las violaciones a derechos de las mujeres y los pueblos por parte del Estado y sus agentes, ante instancias nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.

Requisitos para la contratación:
• Currículum Vitae u Hoja de Vida (especificar sus experiencias).
• Carta de motivos incluyendo su concepción de derechos humanos de las mujeres y del feminismo.
• Carta de recomendación (personal o institucional).

Procedimiento:
• Recepción de documentos y selección de aspirantes: Del 07 al 19 de Agosto del 2018, notificándoles acuse de recibido.

Las personas interesadas deberán enviar su documentación por correo electrónico dirigido a: Claudia Vázquez, Coordinadora General: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y a Julieta Pérez, Responsable del Área de Incidencia Jurídica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

O bien entregarlo personalmente en la oficina del CDMCH, ubicada en Privada Cuatro Caminos No. 11 Col. San Martín, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Teléfono y fax; (01967) 6316075, de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

• Entrevistas: Del 20 al 31 de agosto del 2018, se notificará previamente a las seleccionadas.

• Contratación e inicio de labores: A partir del 03 de septiembre con la firma de contrato de prueba por tres meses, para mutua evaluación de incorporación al Centro, renovable a un año.

 

www.cdmch.org

 

Descarga aquí la convocatoria para la vacante

El pasado miércoles 21 de marzo organizaciones civiles y personas a título individual hicieron entrega de una carta pública dirigida a los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Vigésimo Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quienes resolverán sobre la queja interpuesta para que sea admitido el recurso de Amparo contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) que fue desechado por el Juez de Distrito Mario Fernando Gallegos León.

En el documento entregado se apela a la garantía de amparo que tenemos todas las personas como parte del acceso a la justicia garantizado en la constitución mexicana, se da una lectura del contexto de militarización y los altos costos humanos que han señalado diversos organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, se advierten los riesgos de injerencia por ocupación militar a la soberanía de los ayuntamientos y entidades estatales y advierten sobre la grave vulneración a los derechos humanos de la población al permitir que las Fuerzas Armadas asuman tareas propias de los cuerpos civiles responsables de la seguridad pública.

La carta entregada va acompañada además de diversos testimonios de mujeres indígenas y campesinas, integrantes del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y Por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones, que dan cuenta sobre los impactos de la militarización en las comunidades y particularmente en la vida de las mujeres que han sido testigos de los efectos de las estrategias contrainsurgentes en Chiapas.

Con esta carta las organizaciones y personas apelamos a los integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito que tiene bajo su responsabilidad el estudio de la queja interpuesta para que considere los argumentos jurídicos amparados en las leyes nacionales así como los fundamentos que el Derecho Internacional dan cuenta de la inconstitucionalidad de la aprobación e implementación de la Ley de Seguridad Interior en México.

Hacemos un llamado a la población, organizaciones, comunidades y personas a que hagan llegar sus peticiones de exigencia a los Magistrados solicitando que cumplan con su deber constitucional e histórico de salvaguardar el estado de derecho y las garantías individuales y colectivas de las personas que nos amparamos ante la LSI.

A continuación el texto integro de la carta pública entregada a los Magistrados:

 

“CARTA PÚBLICA

QUEJA NÚMERO: 91/2018

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas:

06 de marzo de 2018.

CC. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

VIGÉSIMO CIRCUITO.

P R E S E N T E S.

El día 8 de febrero del año en curso, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Vigésimo Circuito en el estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez desecho la demanda de Amparo interpuesta el 2 de febrero de 2018 por diversas organizaciones civiles y más de ochenta personas de San Cristóbal en lo individual. En el Amparo se indica como acto reclamado la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo, firma, publicación y ejecución del Decreto por el que se expide la LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, así como las porciones normativas establecidas en los artículos del 1 al 34 y los 5 transitorios de la citada Ley, publicada el 21 de diciembre de 2017, la que de acuerdo al Artículo Primero Transitorio, entró en vigor el 22 de diciembre de 2017.

Dentro de la demanda de amparo también reclamamos las consecuencias que se generan con la sola vigencia de la norma publicada e impugnada, desarrollando de manera pormenorizada y extensa en el apartado denominada PROCEDENCIA DE LA QUEJA CONSTITUCIONAL con las siguientes consideraciones en relación a la norma impugnada: i) La existencia de un parámetro de control de constitucionalidad y convencionalidad; ii) el interés legítimo que ostentamos; y iii) el carácter autoaplicativo de la ley impugnada.

El 2 de febrero el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas formó el expediente del juicio de amparo 127/2018 y en el mismo acuerdo resolvió desechar la demanda por improcedente, ya que a consideración del Juez Federal la norma impugnada (Ley de Seguridad Interior) es de carácter heteroaplicativo. Esto significa que sólo causará una vulneración a derechos humanos cuando se dé el primer acto de aplicación, por ejemplo cuando se emita una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior que permita a los militares realizar funciones que corresponden a las policías civiles, sin considerar que con la sola entrada en vigencia de la Ley el riesgo a nuestra seguridad jurídica es inminente por lo que el acto que vulnera derechos humanos es patente, al contravenir el marco nacional e internacional de protección a los derechos humanos. En consecuencia el Juez Federal debió admitirla DEMANDA DE AMPARO y garantizar a los quejosos se nos escuchará durante la tramitación del juicio de amparo para no dejarnos en estado de indefensión.

Ante esta situación, las organizaciones y personas quejosas manifestamos lo siguiente:

1.- La actitud del Juez de Distrito al inobservar las reglas del momento procesal, nos priva de la garantía del amparo como oportunidad de defensa dentro del proceso de control constitucional, negándonos el acceso a la justicia federal como medio de protección ante la legitimación y normalización de la permanente militarización del país a través de la Ley de Seguridad Interior.

Cabe recordar que a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, se implementó la llamada estrategia de “guerra contra el crimen organizado” que normaliza el despliegue de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad interior (pública), lo que ha dejado un saldo de más de 40 mil ejecuciones, de las cuales 15, 273 ocurrieron en 2010, entre los ejecutados se encuentran más de 900 niños. En el mismo sentido, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos dijo en 2012 que 150 mil mexicanos habían sido asesinados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que han sido asesinadas 186 mil 297 personas durante el periodo de diciembre de 2006 a diciembre del 2015. En el gobierno de Calderón se contabilizaron 122 mil 462 asesinatos¹.

Los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto suman en conjunto 234 mil 996 homicidios dolosos hasta octubre de 2017². Cifras que rebasaron las ocurridas en la guerra de Irak que en 2003 reportaban 15 mil muertos.

2.- Nos preocupa que el Juez obvie su responsabilidad constitucional y a la par contribuya, con su actuar, a la militarización del país, vulnerando de esta manera los derechos humanos de quienes habitamos en el territorio nacional.

Es de conocimiento público que la política militarista implementada por los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lejos de resolver el problema del narco tráfico ha profundizado la violencia hacia la población civil: notable aumento de quejas formales en contra de SEDENA, de 182 quejas recibidas en 2006 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pasó a 367 quejas en 2007 y 1,230 en 2008. La CNDH recibió en 2006, 369 quejas por detenciones y retenciones arbitrarias, en 2008 fueron 1,162 y en 2011, fueron 2,456. Por tratos crueles y/o degradantes paso de recibir 330 en 2006 a 1,642 en 2012. Asimismo las quejas por incumplir con alguna formalidad en los cateos y visitas domiciliarias aumentaron de 234en 2006 a poco más de mil en 2008³.

3.- La crisis de seguridad en México, en el marcodel combate frontal al narcotráfico, también seha traducido en violaciones graves a derechos humanos: desaparición forzada de personas, desplazamiento forzado de comunidades, violaciones sexuales, miles de feminicidios, tortura y detenciones ilegales (HRW,2011, 2013; Anaya, 2014; Atuesta, 2014; CMDPDH, 2015; Amnistía Internacional, 2015a, 2015b; Open Society, 2016). Abuso de fuerza y ejecuciones extrajudiciales según la letalidad de las fuerzas federales (Pérez-Correa, Silva y Gutiérrez, 2011, 2015). Saturación del sistema de justicia penal, debilitamiento del debido proceso y sobreutilización del sistema penitenciario (TNI y WOLA, 2011; Guerrero, 2014; Pérez-Correa y Meneses, 2014; Drucker, 2014; CELS, 2015). Situación que ha implicado que diversos organismos internacionales hayan emitido recomendaciones específicas al gobierno mexicano por la vulneración a los derechos a la libertad personal, la integridad personal y a la vida entre otros.

4.- Para nosotras la Ley de Seguridad Interior representa un ataque al federalismo y a la democracia liberal, por cuanto abre la puerta para que el gobierno federal pueda enviar a las fuerzas armadas a los estados sin solicitud del gobernador o de los Congresos locales, bajo la justificante de atender cuestiones de seguridad pública, las que no corresponden al ejército. Esto es peligroso para un país en donde la democracia fue fruto de una revolución que posibilitó la transformación del centralismo hacia una república conformada por estados libres y soberanos, que decidieron por voluntad propia, integrar una sola nación, en el que el pueblo se encuentra representado a través de los integrantes de los Congresos Locales y el Congreso de la Unión, que como servidores públicos tienen la obligación de garantizar el máximo de protección para el ejercicio de nuestros derechos. (dentro del marco de la democracia liberal vigente).

5.- Nos preocupa enormemente que bajo el argumento de existir un riesgo para la seguridad interior, se use a las fuerzas armadas para reprimir a movimientos sociales o bien para proteger intereses oficiales y de inversión privada en territorios ocupados por pueblos originarios, lo que implica garantizar el control directo sobre poblaciones, territorios, recursos naturales y puntos geográficos estratégicos, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).

6.- En Chiapas existe una larga experiencia sobre los efectos de la militarización en las comunidades indígenas y de cómo la presencia del ejército transforma la vida cotidiana, sobre todo la de mujeres, niñas y niños. Por ejemplo agresiones sexuales, desapariciones forzadas o feminicidios, además de la conocida cultura de cuartel (prostitución, drogadicción, pornografía, etc). En ese orden de ideas, el caso Hermanas González Pérez, sigue pendiente de resolución a pesar de existir una Recomendación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2001.

7.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen el deber constitucional y convencional de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de quienes habitamos este país y en específico Chiapas.

Por lo que apelamos de Ustedes Magistrados en su calidad de garantes de la constitucionalidad:

1. Que se nos garantice el derecho de acceso a la justicia, para ser oídas con los argumentos jurídicos que hemos esgrimido en la Demanda de Amparo.

2. Tutelen la vigencia de la democracia y el federalismo, principios rectores del Estado Mexicano, sobre los que el Presidente de la República debe guardar el máximo respeto para que el estado de derecho prevalezca sobre intereses mezquinos y apátridas.

3. Que retomando su protesta de guarda a la Constitución y a las Leyes que de ella emanan, restablezcan la legalidad en nuestra nación y se protejan los derechos humanos tanto individuales como colectivos.

4. Que hagan prevalecer el principio de inviolabilidad de la Constitución y en esta coyuntura de crisis retomen su deber histórico de salvaguarda de nuestra Carta Magna.

También anexamos testimonios sobre los impactos de la militarización en la vida de las mujeres.

Respetuosamente,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Melel Xojobal AC; Foro para el Desarrollo Sustentable, Asociación Civil; Otros Mundos, Asociación Civil; Mujeres Libres Colem AC; José Encinos Gómez, Magaly Domínguez López, Joselito Solís Hernández, Sandra Guadalupe Rosales Cruz, Benito Hernández González, Jorge Paulo Villalobos Villalobos, Tania Berenice Tapia González, Lizzet Guadalupe López Guillen, Sandra Bravo Becerra, Rosalba Guadalupe Hidalgo Aguilar, Ernestina Pérez Díaz, Paulina Santis Gómez, Martha Pérez Hernández, Ingrid Jessica Díaz Domínguez, Miguel Pérez Santis, Antonia Girón Luna, Nicolás Pérez Méndez, María Elisa López Gómez, Ismael Ezequiel Pérez López, María Magdalena Gómez Enzin, Candelaria Gómez Enzin, Marín Roblero Morales, Erika del Rosario Gómez Sánchez, Susana Montes Cruz, Esperanza López de la Cruz, Lázaro Valentín Martínez Jiménez, Miguel Alberto Hidalgo Díaz, Mariano Pérez Hernández, Pascuala Cruz Gómez, Albertina Ruiz Gordillo, José Roberto Morales Rodríguez, Margarita Gutiérrez Vizcaíno, Humberto Santis Gómez, Andrés López Gómez, Perla Marietta Vázquez Montejo, Hugo Reynaldo Sánchez López, Ranulfo Ruíz Pérez, María Hernández Santis, Rodolfo de Jesús Franco Calzada, Leticia Mariana Franco Cruz, Rafael Alejandro Liévano Moguel, Elizabeth del Carmen Suarez Díaz, Mathilde Florencia Bautista Robelo, María Isabel Pérez Enrique, Norvelia Guadalupe Solís Vázquez, Lucero Asunción Suarez Díaz, Francisco Javier Cruz Oseguera, Martin López López, Silvia Pérez Gándara, Julián Jaime Suarez Díaz, Porfiria Díaz Bermúdez, Elisa Cabrera Miranda, Pablo Sergio Salinas Pérez, Miguel Ángel López Martínez, Ana Cristina Vázquez Carpizo, Jennifer Haza Gutiérrez, Norma Francisca Vargas Macossay, Mercedes de la Luz Osuna Salazar, Mauricio Arellano Nucamendi, Claudia Ramos Guillen, Perla Orquídea Lugo Fragoso, Marcela Fernández Camacho, Nayeli Viridiana Hernández Díaz, Laura Elizabeth Díaz Gómez, Addy de Servanda Pérez Sánchez, María Georgina Rivas Bocanegra, Ixchel Carolina Anaya Zamora, Canuto Pérez Jiménez, Rosario Adriana Alcázar, María Guadalupe de la Cruz Cruz, María Pablo Calmo, Claudia Vázquez Cruz, Dora Julieta Hernández Gómez, Esther Vázquez Peñate, Norma de Jesús Gómez Pérez, María Concepción López Silva, Mercedes Olivera Bustamante, Carmelina Meneses Álvaro, Terry Carol Spitzer Schwartz, Lourdes Gutiérrez Zúñiga.”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 06 de marzo de 2018

Comunicado de prensa conjunto

Leyes en México en el desamparo

Tras la realización del “Foro Detengamos la Militarización. Análisis de la Ley de Seguridad Interior”, diversas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y 87 personas en lo individual presentamos el pasado 02 de febrero de 2018 una demanda de Amparo Indirecto en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI). El recurso fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito, a cargo del Juez Mario Fernando Gallegos León, del vigésimo circuito, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Seis días después, el 08 de febrero, el citado Juez declaró improcedente el recurso al interpretar que quienes solicitamos el Amparo No. 127/2018 no nos asiste un interés legítimo por no ser un grupo vulnerable ni formar parte de algún grupo en particular que haya sufrido o sufra el agravio de los efectos de la LSI que se argumentan en la demanda.

En consecuencia, el pasado 15 de febrero, las organizaciones y personas firmantes del Amparo promovimos recurso de queja a fin de dejar sin efecto el acuerdo resuelto por el Juez Mario Gallegos para que se ordene admitir a trámite la demanda de amparo.

Estas acciones legales forman parte de los acuerdos alcanzados en el Foro de Análisis en donde se desprendieron varias propuestas de carácter político para reivindicar la defensa y ejercicio de Derechos Humanos que serían violados tras la implementación de la LSI al otorgar facultades a las Fuerzas Armadas en la realización de tareas de Seguridad Pública y Ciudadana atribuibles a cuerpos civiles de seguridad en el Estado.

En la argumentación del Amparo promovido, las personas defensoras de Derechos Humanos llamamos la atención sobre la flagrante violación de la LSI a la Constitución Mexicana ya que tras las reformas constitucionales de 2011 se debería ponderar el interés legítimo, el principio pro persona y la progresividad e interdependencia de los derechos humanos, mismos que han sido violados en México como lo hemos documentado tras la intervención del Ejército en distintas actuaciones que representan casos de crímenes de lesa humanidad ante instancias Internacionales de Derechos Humanos.

En ese sentido, el pasado 2 de marzo, el Colectivo Seguridad Sin Guerra dejó patente en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Ley de Seguridad Interior viola la Constitución y los tratados internacionales; no soluciona los problemas de inseguridad; no contiene contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar extraordinario que impulsa; eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a la largo de la última década; y trastoca la relación cívico militar, dotando de poderes sin contrapesos al sector castrense lo que conlleva un riesgo sustantivo dada la fragilidad institucional de nuestro país.

De manera particular argumentamos que la Ley de Seguridad Interior contraviene diversos artículos de la Constitución Mexicana que amparan el reconocimiento de la conciencia de la identidad indígena que deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas en México (Artículo 2); el respeto a la tierra, territorio y bienes naturales de la nación y de los pueblos originarios (artículo 27); así como los artículos que amparan el derecho al libre tránsito, libertad de expresión, derecho a la información y protección de datos personales, derecho de asociación y protesta social, así como los relativos a garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica de las y los ciudadanos; es importante recordar además que ni el Poder Ejecutivo ni la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deciden por sí mismas ya que las entidades y municipios son encargados de la seguridad pública de carácter civil y en tiempos de paz, los militares deben estar en sus cuarteles y fuera de las poblaciones.

Por si ello fuera poco el Juez Gallegos León, que resolvió desechar el Amparo, ignoró reconocer nuestro legitimo interés y nuestra identidad como Personas Defensoras cuyo mandato está consignado en el marco normativo internacional que México ha suscrito y ratificado en Tratados y Pactos Internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) en el caso especifico de quienes defendemos Derechos Humanos de las Mujeres.

No obstante, sabemos también que la Ley de Seguridad Interior va de la mano de otros acuerdos y pactos políticos y económicos que tienen especial interés en el control social de nuestro territorio; en el caso particular de Chiapas la implementación por decreto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) tiene por objeto facilitar el despojo de los recursos naturales, energéticos y no renovables que se encuentran en la zona fronteriza de Chiapas y Guatemala.

Este decreto que sí implica la entrega de la economía, la soberanía y la riqueza nacional a Estados Unidos y las empresas multilaterales, no encuentra obstáculos y límites al dejar libres de impuestos a las empresas inversionistas, les otorga excepcionalidad arancelaria, tribunales autónomos e independientes para que puedan adoptar sistemas jurídicos propios dentro de las ZEE.

En ese mismo sentido en distintas ocasiones hemos denunciado que la LSI representa además la continuidad del carácter contrainsurgente del Estado Mexicano para tratar el Conflicto Armado Interno en Chiapas, que entre sus múltiples consecuencias ha dejado a miles de personas desplazadas de manera forzada, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, feminicidios, tortura, desaparición forzada, rompimiento del tejido social y la creación de grupos paramilitares que hoy actúan en las regiones Altos, Norte y Selva con impunidad garantizada.

Por todo ello, y pese a que los jueces estén negado el recurso de Amparo, como ciudadanos refrendamos que nuestro derecho está fundado en la Constitución Política denunciando la amenaza individual, colectiva y generalizada que implica el proceso de militarización en el país.

Nuestro interés legítimo no requiere de un derecho subjetivo (como el derecho individual y material y directo), ya que el proceso de militarización que implica la Ley de Seguridad Interna sólo contribuirá a generar más violencia y condiciones para que violaciones a los derechos humanos queden en impunidad.

Finalmente, es de vital importancia que jueces, magistrados y administradores de justicia en los distintos órganos conozcan, lean y atiendan las críticas fundadas a la LSI que han hecho instancias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los relatores especiales de la ONU; rectores de las universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; especialistas en derecho y en seguridad; víctimas de violaciones a derechos humanos; comunidad artística e intelectual; organizaciones, comunidades, colectivos y movimientos; y más de 250,000 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación.

Melel Xojobal, AC
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, AC (COLEM)
Foro para el Desarrollo Sustentable, AC (FORO)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC (Frayba)
Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones.

87 personas en lo individual (firmantes del Amparo)

Descarga el comunicado conjunto en versión PDF aquí

Fotografía: Cortesía de Radio Zapote

Pronunciamiento público 001

Honoris Causa a la Infamia

• Rodolfo Calvo Fonseca, Rector de la UNICACH otorga la distinción a Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la SEDENA.
• En protesta, la reconocida académica feminista Mercedes Olivera Bustamante renunció al mérito que recibió por la misma institución en el año 2012.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 05 de febrero de 2018 / En el marco de la controvertida aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en México, la vigencia del Conflicto Armado Interno No Resuelto en Chiapas y en un contexto de marcado descrédito de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por los múltiples señalamientos de violaciones a Derechos Humanos; el pasado 02 de febrero, el Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) decidió otorgar el título de Doctor Honoris Causa al Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la institución castrense.

Tal decisión es un mensaje claro de desprecio para las miles de víctimas en este país que han padecido los costos de la violencia institucionalizada, una afrenta para las organizaciones de Derechos Humanos que tenemos documentados los saldos trágicos por la actuación del Ejército Mexicano en labores de seguridad ciudadana y un claro mensaje de avalar el escenario de guerra que un personaje como Cienfuegos, en este sexenio, ha defendido de manera perversa presionando al Presidente de la República y el Congreso de la Unión para que se aprobara la LSI, otorgando de facto un poder desmedido similar al que hemos visto en las dictaduras militares en América Latina.

Pese a que la Comunidad Académica y Estudiantil de la UNICACH, en particular del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), expuso claramente que tal perfil carece de todo sustento para hacerse acreedor al mérito académico ya que “vulnera la autonomía universitaria y, lo que es de una gravedad excepcional, legitima la actuación del poder militar y su particular posición sobre el territorio nacional y, en particular, sobre Chiapas”; en sesión extraordinaria, con 20 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el Consejo Universitario aprobó la propuesta que hiciera inicialmente el Dr. Oscar Cruz Pérez, Director de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UNICACH en su calidad de Presidente del Consejo Académico.

Tras este primer paso, la Comisión de Otorgamiento de Grados y Reconocimientos Honoríficos avaló la propuesta que finalmente fue aprobada por el Consejo Universitario de la UNICACH que preside el Rector de esta máxima casa de estudios en Chiapas.

Como Centro de Derechos de la Mujer nos preocupa que la Universidad Pública abone a la desmemoria histórica de los innumerables agravios que las Fuerzas Armadas han cometido en contra de la población en Chiapas; particularmente en los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado interno y la creación de grupos paramilitares en la Zona Altos y Norte, tal como se indica en los planes militares de Contrainsurgencia “Plan de Campaña Chiapas 94” y “Plan Chiapas 2000”, cuyos trágicos saldos actualmente se encuentran en proceso de resolución ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De manera particular, en repetidas ocasiones hemos denunciado la participación del Ejército Mexicano en violaciones a Derechos Humanos de las mujeres, tal como el caso de las hermanas tseltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez quienes fueron privadas de su libertad en un retén militar, el 4 de junio de 1994, en Altamirano, Chiapas y trasladadas al cuartel militar para forzarlas a declarar su pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) perpetrando tortura sexual.

Otros casos que están en la memoria abierta son el caso de Minerva Guadalupe Pérez Torres; quien fue detenida el 20 de junio de 1996 en el poblado Miguel Alemán, Municipio de Tila, por un grupo de personas pertenecientes al grupo paramilitar Paz y Justicia, mismos que secuestraron, golpearon y violaron sexualmente para finalmente desaparecer su cuerpo torturado. No olvidamos a las 34 mujeres asesinadas en la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, en el Municipio de Chenalhó, perpetrada por grupos paramilitares que fueron entrenados y encubiertos por agentes policíacos y del Ejército Mexicano en la llamada zona gris de operaciones tal como se indica en los planes contrainsurgentes diseñados desde las estructuras militares.

Por si ello no bastara, a la larga lista de crímenes cometidos por militares en Chiapas, se sumó el primer feminicidio de este año, perpetrado el pasado 1 de enero en el Municipio de Cacahoatán; cuando Maribel Vázquez Sánchez fue asesinada por su ex pareja, un ex militar con quien formó una familia. Lo cual confirma lo que compañeras feministas han denunciado en el sentido de que no podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica.

Estos crímenes de lesa humanidad y otros tantos casos más como el de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (ambos hechos ocurridos en Guerrero) y la ejecución extrajudicial de 12 personas ocurrida en Tlatlaya, Estado de México, tal como lo documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); son ejemplos claros de la participación de efectivos militares de la SEDENA durante este período 2012-2018 que ha estado bajo el mando del Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda.

Incluso nos parece aberrante que se premie a un militar cuya tarea primordial ha sido militarizar el territorio de los pueblos bajo la contradictoria premisa de procurar la paz social; prueba de ello es que cuando estuvo como Comandante de la Séptima Región Militar, durante el periodo del exgobernador Juan Sabines, el Gral. Salvador Cienfuegos intensificó la presencia y patrullajes militares en la frontera con Guatemala y anunció la creación de dos nuevas bases militares en Chiapas, una en Jiquipilas y otra más en Chicomuselo. La construcción de esta última, comenzó el pasado 09 de agosto de 2017, cuando el actual gobernador Manuel Velasco Coello firmó un convenio de colaboración con el mismo Cienfuegos, ahora en su calidad de Secretario de Defensa, Al respecto, la población ha denunciado la correlación de los intereses de empresas extractivistas y las instancias militares que buscan el control territorial.

Debido a que hemos atestiguado y denunciado los altos costos sociales que ha dejado la permanente ocupación militar en Chiapas, el pasado 30 de enero diversas organizaciones civiles y personas participamos en el Foro “Detengamos la Militarización. Análisis de la Ley de Seguridad Interior”, en donde acordamos interponer un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior, mismo que fue presentado en los Juzgados de Distrito del Vigésimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, el pasado 02 de febrero en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este recurso apela a que el pasado 02 de febrero en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este recurso apela a que las autoridades jurisdiccionales respondan al reclamo de la ciudadanía de reconocer la inconstitucionalidad de dicha Ley por violar la Carta Magna, sabemos sin duda que el mejor amparo que tenemos como sociedad civil es la organización civil y pacifica defendiendo espacios libres de violencia y sin ocupación militar.

En ese mismo sentido compartimos la viva indignación y nos sumamos a la contundente protesta que nuestra compañera Mercedes Olivera Bustamante, fundadora y socia de este Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, hizo al renunciar al Doctorado Honoris Causa que le fue otorgado en marzo del 2012, por la misma institución educativa. Mercedes señaló entre sus razones, que renunció “por congruencia” pues no puede tener un título que tendrá también un militar que viola los derechos humanos de los mexicanos e indígenas.

Mención aparte merece la indiferencia institucional de las autoridades universitarias de la UNICACH para exigir de manera contundente verdad y justicia y pronunciarse por el esclarecimiento del asesinato de Adán Enrique Gómez González, profesor de esta misma casa de estudios, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 27 de enero en Chiapa de Corzo con evidentes huellas de tortura. Al respecto la insensibilidad institucional se ha hecho patente ya que el rector no ha hecho el mínimo pronunciamiento ante la inverosímil versión que ha dado la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) sobre la hipótesis de que el móvil del asesinato fue un robo común.

Como CDMCH, hacemos un llamado a la sociedad en general, académicos, organizaciones sociales, civiles y de derechos humanos a nivel nacional e internacional a estar vigilantes y denunciar la intromisión militar en los espacios civiles y ciudadanos que las instituciones militares y sus elementos buscan ocupar en el marco de la coyuntura del poder desmedido que les pretende otorgar la Ley de Seguridad Interior en México.

Llamamos a la Comunidad Académica y Estudiantil de México, y en particular de Chiapas, para que exija al Rector de la UNICACH, Rodolfo Calvo Fonseca, NO entregué el Doctorado Honoris Causa al Gral. Cienfuegos Zepeda para no avalar la cómplice suspensión de facto de la autonomía universitaria, tal como acordó la corta mirada de la gran mayoría del Consejo Universitario con tan deleznable decisión.

Apelamos a la memoria, la conciencia y la razón de las personas para que salgamos a la defensa de la construcción del bien común y de la vida y nos pronunciemos por dignificar todo lo que nos identifique como humanidad.

Descarga el pronunciamiento en PDF aquí

Apoya a la Comunidad Académica y Estudiantil de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) para exigir al Rector y Consejo Universitario a que NO entreguen el Doctorado Honoris Causa al Gral. Salvador Cienfuegos, titular de la SEDENA en México, firma aquí la petición en Change.org: http://bit.ly/2nLhEt8

Lee, descarga y comparte los textos y audios de los pronunciamientos de la Comunidad Académica y Estudiantil en reacción ante la decisión del Consejo Universitario y el Rector de la UNICACH, disponible aquí: http://bit.ly/2EaT2ED 

 

 Fotografía de archivo web durante la firma del Convenio de Colaboración del Gobierno Estatal de Chiapas con la SEDENA para la construcción de un Batallón militar en Chicomuselo, Zona Fronteriza, Chiapas.

Raymunda vive, la lucha de las mujeres sigue

 Bella Vista del Norte, Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, México. 23 de agosto de 2018

 El día de ayer, 22 de agosto de 2018, falleció nuestra compañera Raymunda Roblero Rodríguez, originaria del Municipio de Comalapa, una gran mujer que demostró su valentía y rebeldía defendiendo su derecho a la tierra junto con otras mujeres de su comunidad, su ejemplo de vida sembró sobre esta tierras y en nuestros corazones raíces de esperanza y lucha en contra de la violencia hacia las mujeres.

Raymunda demostró a todas y a todos su fortaleza de mujer hasta el último día de su vida; la conocimos en el año 2004 luchando contra el despojo de la tierra y el desplazamiento forzado injusto que imponía el reglamento ejidal que, en su artículo No. 37, pretendía obligar a que las mujeres que tuvieran una pareja que no fuera del mismo ejido tenían que irse o serían desalojadas con la actuación y complicidad de autoridades agrarias y judiciales de Chiapas, esta situación oficialmente se anuló al ganar el juicio que indica claramente que esa disposición es inconstitucional además de violatoria de los derechos humanos.

Pese a la omisión por parte de las autoridades ejidales de la anulación de dicho artículo, Raymunda permaneció en su comunidad junto con su familia enfrentando cualquier acto de violencia en contra de su persona y familia, como forma de presión para que abandonara la comunidad le cortaron el servicio del agua, pero nada la detuvo en su caminar en la lucha por reivindicar su derecho a la tierra.

Las flores y los frutos que ella misma cosechó, movilizaron a la vez otros corazones, otras luchas, otros pensamientos, otros corazones, para defender el derecho de las mujeres a la tierra, el territorio, el reconocimiento y la participación política de las mujeres, la lucha por sus derechos fue incansable, a pesar de la enfermedad que padecía nunca tuvo impedimentos para reivindicar su derecho a la tierra y el territorio.

Raymunda tu caminar, tu fuerza, tu lucha y tu entrega, quedará por siempre en nuestra memoria, seguiremos tu ejemplo, vivirás por siempre en nuestros corazones. A nombre de quienes integramos el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) y de las mujeres de los colectivos organizados que

integramos el Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones, expresamos nuestras más sentidas condolencias para la familia, vecinas y vecinos del ejido y compañeras de lucha de Raymunda cuyo ejemplo de vida vive y la lucha sigue.

 Hasta siempre compañera

 

 

Del 15 al  25 de abril del 2018  se llevo a cabo el conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿Prohibido pensar?”
El día 16 de abril la compañera Mercedes Olivera compartió palabras sobre el contexto actual de México, les dejamos aquí fragmentos de su participación en el conversatorio.
Al final de la entrada pueden encontrar el documento a descargar.

Carta a la Comandanta Ramona

SCLC. 16 de abril de 2018

Querida Ramona:

Te preguntarás, al igual que muchos/as de los amigos presentes, por qué te escribo si lo que me han pedido los compañeros/as zapatistas es que diga cómo veo el proceso del CIG. Pero lo que poca gente sabe es que, a pesar de mis años, me asusta hablar ante tantas personas importantes.  Para calmar mi miedo escénico, prefiero hablar contigo Ramona y así, caminando juntas entre los renglones de esta carta, poco a poco iré tomando confianza, como cuando nos encontramos casualmente, en el 96 en un hospital de cancerología ¿Te acuerdas Ramona que fue larga la espera? Yo no te identifiqué entonces, supe que eras tú hasta cuando Rebeldía publicó tu retrato, 3 años después de tu muerte. Pero continuando con nuestra conversación, podemos estar de acuerdo Ramona, en que la guerra contrainsurgente que instaló el ejército en el 94 no ha parado, el gobierno sigue disputando al EZLN población y territorio con diversas tácticas; pero a pesar del escenario de guerra, bien sabes que el EZLN sigue dándonos, un fuerte impulso para que nos organicemos como población civil, ahora con el CIG.

Pero antes de tocar ese tema, quiero comentarte Ramona que el 8 de marzo te vi y te oí.  Sí, te vi multiplicada en cada una de las más de dos mil jóvenes bases, formadoras, artistas, milicianas, electrisistas, tercias, del EZ… que llegaron para trabajar, construir, organizar colectivamente y entregarnos ese grandioso y mágico espacio de encuentro y escucha en Morelia.

Ahí estuviste con tu fuerza, tu rebeldía; con tu resistencia, tu alegría, tus bromas, tu sonrisa y esperanza; semilla multiplicada, crecida, mirando mucho más allá del horizonte: “Nunca Más un Mundo sin Nosotras”. Tal vez para ti, ver y oír a esas jóvenes zapatistas no fue novedad porque las has visto nacer, crecer y multiplicarse en su resistencia día a día.  Pero para las que vivimos fuera, fue maravilloso verlas actuando como una sola, percibir su ritmo de tolerancia y armonía en la preparación colectiva que hicieron, previendo hasta el último detalle del encuentro y recibiéndonos con una escucha ejemplar, como tú  lo hiciste al recorrer miles de veces sus comunidades, junto con Ana María elaborando, discutiendo, ejercitando la ley revolucionaria de las mujeres.

En Morelia una emoción colectiva inundó de paz y seguridad nuestros cuerpos. Estoy segura Ramona, que ninguna de las que estuvimos allá podremos olvidar la lección de feminismo y tolerancia que nos dieron las jóvenes zapatistas.  Por los oídos, por los ojos, por la razón, por la piel nos llegaron múltiples mensajes de resistencia, comunalidad y lucha por la justicia, que nos unieron a las ocho ó diez mil mujeres que durante 3 días y 3 noches tuvimos encuentros profundos a través de la música, la palabra, la imagen, el movimiento, la razón y la sin razón.  Fue la experiencia única de conocer ver, oír, sentir en todo nuestro ser, que sí es posible construir otro mundo, contrastando con la monstruosa realidad que padecemos en nuestro país y en el mundo entero.

No quiero extenderme mucho Ramona, pero es necesario que te diga que las jóvenes zapatistas nos dieron a las viejas y nuevas feministas una lección teórica y práctica del feminismo revolucionario que practican en sus Caracoles, sin la necesidad de siquiera darle ese nombre.  Desde la convocatoria dirigida a las “mujeres que luchan” ejercieron su sabiduría: ninguna se sintió excluida, llegamos todas las que luchamos provenientes de muchos lugares: israelitas en resistencia, mapuches, mexicanas, catalanas, vascas, zapotecas, cubanas, triquis, argentinas, curdas, colombianas, quekchís, peruanas, brasileñas, canadienses, norteamericanas, coreanas, guatemaltecas… La lucha de las mujeres es mundial y Morelia se universalizó con esa convocatoria, nuestra fuerza personal se engrandeció con esa fuerza colectiva mundial armonizada por las zapatistas.  Y fue sorprendente Ramona, que estuvimos presentes mujeres de posiciones feministas muy diferentes y hasta encontradas, compartiendo sin conflicto: estuvimos las que luchamos contra las privatizaciones y el extractivismo y las desigualdades intersectadas, las decoloniales, las asesoras rurales, las anarquistas, las de los movimientos urbanos y populares, las lesbianas, las que armadas defienden su derecho a la existencia, las socialistas, las trans, las autónomas… Y aún las “felizólogas” que reivindicaron con sus desnudos el placer sexual como derecho primordial… todas pudimos expresarnos y sentirnos unidas y fuertes porque todas luchamos, ciertamente de muy diferentes maneras; pero es eso, la lucha, es lo que nos une como mujeres.

Ellas, nuestras anfitrionas, siguiendo tu ejemplo Ramona, nos oyeron a todas con gran respeto y sin reclamos; y en la clausura con toda sinceridad y cariño dijeron que no todo nos entienden, pero que tomarán de cada una lo que les sea útil.  Sí Ramona, nos dieron una gran lección de tolerancia y de política: nos dejaron claro que ellas luchan con sus comunidades contra el sistema patriarcal capitalista y nos invitaron a repensar individual y colectivamente nuestros posicionamientos desde su óptica antisistémica, mixta, colectiva.  Algunas de por sí coincidimos o estamos cerca de su visión; pero a las que no coinciden, sabia y humildemente las llamaron a luchar juntas por la vida, por el derecho a que todas las mujeres vivamos sin miedo, por una vida digna, lucha en la que sin duda nos encontraremos todas. ¿No te parece Ramona que después de esa lección de tolerancia y de futuro, nuestras “grandes diferencias feministas”, se vuelven minúsculas y pierde sentido el estarnos sacando los ojos por cualquier motivo? Organizarnos para luchar, para recuperar el control sobre la reproducción social que nos ha robado el sistema de mercado, adquiere un sentido único si caminamos juntas como ya lo habías dicho en 1996 en el zócalo a nombre de los y las zapatistas: “Esperamos que todos /as caminen con nosotros… queremos unir nuestra pequeña voz a todos los que luchan por un México nuevo, Nunca más un México sin nosotros” dijiste… y sin nosotras dijo Erica.

Pero Ramona estarás de acuerdo en que el ambiente de paz, seguridad, esperanza y vida que vivimos en Morelia, contrasta con la violencia, la rabia, dolor y muerte que confrontamos día a día en nuestras realidades locales, regionales y mundiales. La violencia feminicida avanza sin tregua en el mundo, los cuerpos de las mujeres son territorios de conquista, mercancía, objetos desechables.  Hace unos días nos llegó la noticia de que Doris Valenzuela compañera defensora colombiana, sobreviviente de un atentado y con dos hijos asesinados, pidió asilo en España, pero que crees Ramona, su pareja la mató antes de salir.  Tú sabes bien Ramona que en las comunidades y hasta en nuestras propias organizaciones hay machismo y violencia hacia nosotras, que con frecuencia se calla, se oculta hasta que nuestros cuerpos se enferman. Por eso Ramona, tienen razón las compañeras zapatistas, la libertad no se las vamos a pedir ni a los hombres ni al sistema; la lucha contra la violencia, el machismo y la subordinación de las mujeres será un principio y una práctica política colectiva en la construcción del nuevo mundo que necesitamos. Por todos los medios tenemos que luchar contra la violencia personal y estructural del capitalismo patriarcal que nos amenaza mundialmente.

Para descargar de forma completa:
Carta a la Comandanta Ramona

Hasta Siempre Chabelita

Comunidad de Aguacatenango, Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, México, a 15 de marzo de 2018

En este día, asistimos a la despedida final de nuestra querida compañera Isabela Pérez Juárez, mejor conocida como Chabelita.

Acudimos hoy a presenciar su vuelo a la eternidad, su trascendencia como mujer indígena-campesina del pueblo tseltal, que desde su condición de pobreza luchó contra las desigualdades de género, clase y etnia como ministra de la Iglesia y del Pueblo Creyente; partera, huesera y sanadora de las mujeres.

Se nombró a sí misma como feminista antisistémica, en permanente resistencia contra el mal gobierno y sus políticas de muerte.

Se asumió y fue consecuente siempre como defensora de los derechos humanos de las mujeres, de la madre tierra y del territorio de los pueblos indígenas.

Su lucha es un largo caminar en diferentes espacios y resistencias contra el sistema capitalista, neoliberal y patriarcal.

Chabelita:

Hoy al despedirte desde el corazón, con gran emoción y reconocimiento, te decimos: que tu paso ha dado frutos y has sembrado muchas semillas en los corazones de cada una de las mujeres que luchan en la Coordinadora de Mujeres Diocesanas (CODIMUJ), como participante activa en contra de la guerra contrainsurgente y la militarización y por el reconocimiento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas desde 1994; en tu importante participación en la construcción del Movimiento Independiente de Mujeres (MIM); en la Organización Civil y la Resistencia a las Altas Tarifas de Luz; como participante e impulsora del Movimiento por la Defensa de la Tierra y el Territorio y por la Participación de las Mujeres en la Toma de Decisiones; y en tu permanente función como promotora y defensora de los derechos de las mujeres indígenas y campesinas.

Tu ejemplo vivirá y se esparce ya por los pueblos en cada lucha que se libra hoy en contra de la violencia hacia las mujeres y del despojo de los pueblos y territorios indígenas.

Gracias Chabelita por tu paso por esta tierra rebelde, gracias por tus enseñanzas, por tu fuerza y tenacidad, por no callarte nunca, por resistir y enseñar con tu ejemplo.

Porque hasta en tu último aliento luchaste de pie junto al colectivo organizado de mujeres indígenas y campesinas, mostrando con esto que la lucha no termina nunca y que la fuerza no viene del cuerpo sino del corazón y del sentimiento que sólo se apaga con el último latido.

Tu luz nos acompañará siempre en las luchas que nos quedan por librar, contra este sistema de muerte y destrucción que nos ha tocado vivir.

Tus pasos han hecho surcos para sembrar semillas en donde germinarás en esperanza y rebeldía.

 

Hasta siempre compañera,

Te prometemos que:

“La lucha de las mujeres será nuestra siembra y nuestra cosecha”

¡Vivan las mujeres y sus pueblos!

¡Muera el mal gobierno!

Descarga aquí el texto en PDF

 

Boletín de prensa No. 001/2018

 

Nombramiento de nueva Coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

• En el encargo de este servicio, durante los dos próximos años, Claudia Vázquez Cruz releva a Gloria Guadalupe Flores Ruiz.

 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 21 de febrero de 2018 / El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) es un espacio que apuesta al fortalecimiento de las mujeres que acompaña en sus procesos de ejercicio y defensa de derechos, incluyendo a las compañeras que pertenecen a este Centro que entre sus principios de acción promueve la horizontalidad y toma de decisiones colectivas.

En ese sentido el pasado 19 de enero del 2018, las integrantes del Centro y Asociadas del CDMCH tras realizar reunión ordinaria celebraron de común acuerdo el cambio de Coordinadora General de este Centro por un período de dos años, encargo que concluirá en enero del 2020.

Como parte de la rotación ordinaria en el servicio de conducción estratégica, las Asociadas agradecieron a la Licenciada Gloria Guadalupe Flores Ruiz por haber cumplido de manera satisfactoria con el servicio de Coordinación General del CDMCH durante el periodo de abril de 2016 a febrero de 2018 a la vez de invitarla a continuar aportando con su experiencia al proyecto político del Centro ahora desde el área de Incidencia Jurídica.

Tras reconocer la trayectoria, formación y compromiso en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, las socias y el equipo solicitó a la Licenciada Claudia Vázquez Cruz asumir este encargo para que sea la responsable de coordinar las apuestas estratégicas del plan estratégico institucional con el apoyo de las integrantes de la Dirección Política, las Asesoras y el Equipo del Centro en general.

Claudia Vázquez Cruz es abogada de profesión, originaria del pueblo zoque de Ocozocoautla, Zona Centro, Chiapas, ella se integró a este Centro el 27 de mayo del 2007 laborando inicialmente en el área de defensa en la sede norte (Yajalón); durante su trayectoria ha sido responsable del área de defensa en la zona oriente y en 2010 asumió la coordinación de esta oficina con sede en Comitán; a partir del 2013 ha sido responsable del área de defensa del equipo jurídico del Centro e integrante del Comité de Seguimiento.

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, reafirma su compromiso de contribuir a la construcción de una cultura sin desigualdades y de ejercicio de los derechos humanos en un proceso constante que involucre niveles individuales y colectivos para el mejor desarrollo de las mujeres, en tanto grupo humano vulnerable, desde espacios propios de la sociedad civil, tal como lo establece la Misión institucional.

Descarga el boletín en PDF

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
24 de enero de 2018.

ACCIÓN URGENTE

Alto a la violencia en Oxchuc

Las organizaciones civiles firmantes hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se pronuncie ante la inminente agresión de un grupo civil armado en contra de la población del municipio de Oxchuc, Chiapas. Se ha hecho de nuestro conocimiento que el día de ayer 24 de enero, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal, lo que ocasionó temor.

Personas del municipio nos informaron que ante la inseguridad, por órdenes del gobierno estatal tuvieron que desalojar a niñas, niños y docentes de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería de los centros hospitalarios, lo que denota una situación de riesgo que vulnera la seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás población.

De acuerdo a información proporcionada por vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se desconoce su genero y edad; 17 heridos, entre ellos se encuentran Juan Gabriel Méndez López de 36 años (abogado comunitario del Movimiento con Justicia y Paz para el pueblo de Oxchuc y quien representó a la comunidad en el Amparo promovido para rechazar las presencia de partidos políticos en el municipio, recientemente promovió un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior), Julio Cesar Gómez Santíz de 24 años de edad, Manuel Gómez López de 39 años, Bonifacio López Gómez de 39 años y el adolescente Néstor Avidal López Gómez de 15 años, José Alfredo Gómez López, de 20 años de edad, Moises Santiz Gómez de 27 años de edad, Alonso López Santiz de 36, Eliseo Góme Santiz, de 17 años, Javier Santiz Gómez de 37 años, Hugo Santiz Gómez de 21 años, Alexander López Gómez de 16 años, Juan Gómez López de 17 años, Edgar Jhovani Santiz Gómez de 24 años, Rafael López Santiz de 16 años, Marcelo Santiz Santiz de 31 años; y tres personas muertas, Ovidio López Sántiz, Víctor Sántiz Gómez y Francisco Méndez López, dos de ellos pertenecen a la comunidad Media Luna y el otro a la comunidad Cruxilja cuyo cuerpo aún permanece en el lugar de los hechos.
De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado, que según fuentes locales, se concentra en las comunidades: Piedra Escrita, El Mash (colinda con Chanal), Cruxton (colinda con San Juan Cancuc) y Yochib (que colinda con Tenejapa). Por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, la población considera que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre.

El temor persiste y es real, ya que el día de hoy, 25 de enero, alrededor de las ocho de la mañana nuevamente se escucharon disparos cerca de la comunidad Piedra Escrita y el crucero de Cruzton, de Oxchuc, no se ha reportado el cese de las detonaciones. Asimismo no se tiene certeza de la existencia de personas heridas o muertas porque la población vecina no ha podido ingresar y tampoco hay presencia la policía estatal.

El día de ayer 24 de enero, Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario de Gobierno del Estado, condenó los hechos e informó que mantiene comunicación con la población y los agresores e invitó al dialogo para solucionar un problema ocasionado por el mismo gobierno. Esto sólo refleja el cinismo y omisión por parte de las autoridades.

Este problema deriva de conflictos post electorales no resueltos desde el 2015, a partir de esta fecha han ocurrido varios actos de violencia y enfrentamientos con la aquiescencia del Gobierno de Chiapas, afectando a toda la población del municipio, que en su mayoría se encuentra conformada por mujeres, niñas y niños, quienes ante los rumores de mayores actos de violencia, se encuentren aterrorizadas y resguardadas en sus casas.

Cabe señalar que este ataque se da en el marco de una acción popular, en la que la comunidad se estaba organizando para reaperturar el entierro sanitario que simpatizantes de la presidenta municipal María Gloria Sánchez habían clausurado.

El municipio de Oxchuc, está considerado dentro de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, motivo por el cual exigimos acciones urgentes y necesarias a fin de que se proteja la integridad de la población en general y particularmente la de las mujeres, niños y niñas.

Ante esta circunstancia de grave riesgo para la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás pobladores de Oxchuc exigimos al Estado Mexicano que:

1) Garantice con urgencia la protección a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de los habitantes del municipio de Oxchuc.
2) Proporcione atención médica adecuada, sin criminalización alguna a las personas heridas;
3) Reconozca su responsabilidad en el conflicto político que se vive en el municipio;
4) Cumpla con las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Chiapas, específicamente para los municipios indígenas;

Nos preocupa que esta situación sea usada como excusa para justificar una irrupción y represión, que rompa el proceso organizativo de las comunidades que reivindican su autonomía y libre autodeterminación, por parte de los tres niveles de gobierno en el territorio indígena de Oxchuc, violando los derechos humanos de la población indígena tseltal que ocupa dicho municipio.

Por lo que hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que se pronuncien y exijan al Estado Mexicano garantizar la vida, libertard, seguridad e integridad de la población afectada en Oxchuc, Chiapas.

Atentamente:

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.
Melel Xojobal, A.C.,
Semillas del Sur, A.C.

Pedimos envíen sus llamamientos a:

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto
Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850 Ciudad de México
Fax: (+52) 55 5093 4901
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Twitter: @PresidenciaMX

Alfonso Navarrete Prida
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso
Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06600 Ciudad de México
Fax: (+52) 55 5093 34 14;
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Edificio “Héctor Fix Zamudio”,
Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,
Col. Tlacopac San Angel,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040;
Ciudad de México;
Fax: (+52) 0155 36 68 07 67;
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Twitter: @CNDH

Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso
Av. Central y Primera Oriente
Colonia Centro
C.P. 29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Fax: (+52) 961 61 88088 – + 52 961 6188056;
Extensión 21120. 21122;
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Twitter: @VelascoM_
@gubernaturachis

Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno en Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2o. Piso
Colonia Centro
C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez
Chiapas
Conmutador: (+52) 961 61 8 74 60 Ext. 20003
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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